Aumenta 56% el monto de las ‘mordidas’ en México en sólo dos años

Claudia Martínez Martell

Torreón, Coahuila (25/05/2020).- Esta mañana en el programa Contextos, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, analizó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi (ENCIG), que revela que los costos totales a consecuencia de los actos de corrupción en 2019 aumentaron 64 por ciento con respecto a 2017.

Señaló que precisamente el aumento en el costo de cada «mordida» es el hallazgo más importante que se desprende de la encuesta.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que de acuerdo con los datos de la ENCIG, el monto nominal del soborno promedio en México pasó de dos mil 273 pesos en 2017 a tres mil 822 pesos en 2019, es decir, es 56 por ciento más caro.

En Mexicanos Contra la Corrupción, se tiene la teoría de que como el discurso anticorrupción por parte del Gobierno federal en los últimos casi dos años ha aumentado, pero no ha hecho nada por modificar las condiciones de impunidad en los niveles más bajos, provoca que se encarezca la «mordida», es decir, al no castigar al funcionario corrupto, sino que solamente se tenga la intención plasmada en un discurso, hace que el servidor público esté dispuesto a cometerla a un mayor precio.

La corrupción sigue, ahora más cara, y además, con una percepción de que hay menos, lo que resulta contradictorio.

El especialista apuntó que aunque pareciera que el discurso anticorrupción va ganando en esta percepción, experiencias internacionales sugieren que esto es temporal, que si no se ve reflejado en la realidad, las consecuencias resultan poco favorables para los gobernantes, ya que el choque con la realidad tiende a llevarnos a una gran decepción.

El investigador ecplicó que la ENCIG lo que mide es la experiencia de usuarios al realizar trámites ante el Gobierno, lo que representa sólo una pequeña parte de la corrupción. Detalló que existen tres tipos: las corrupciones de los “Duarte”, aquellas que conllevan grandes desviaciones de recursos, empresas fantasma, etcétera; la de los Bartlett, de conflictos de intereses; y la extractiva, en la que se basa la encuesta, donde sacan dinero del bolsillo del ciudadano y existe la participación de los gobierno locales y estatales.

Ricardo Alvarado, manifestó que en Coahuila los tres trámites en los que se registra una mayor tasa de víctimas de corrupción son los que se hacen ante Seguridad Pública, Ministerio Público y en los juzgados relacionados con la propiedad, es decir, el aparato de justicia involucra el pago de altas ‘mordidas’ para los ciudadanos que tienen que enfrentarse a él.

Dijo que un gobierno honesto con un discurso anticorrupción no es suficiente; lo que se necesita es una política concreta capaz de combatir el problema y lo que se ha visto en los últimos dos años no deja clara esa intención. Existe una Política Nacional Anticorrupción, pero se requiere que los gobiernos apliquen los objetivos contemplados en la misma.

Agregó que a la administración federal le ha faltado realizar medidas concretas capaces de ser llevadas a mediano plazo para que realmente se reduzca la corrupción en todos los niveles; no puede desligarse de los actos de corrupción que se registran en los municipios y estados, cuando es un problema en el que está inevitablemente involucrado, donde también tiene que participar, asunto que no está resuelto.

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