Avalan ley contra facturas falsas y empresas fantasma; la IP buscará ampararse

Ciudad de México (16/10/2019).- Pese a las críticas de la oposición y de la iniciativa privada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general y en lo particular, la “Ley Antifactureros” y “Antiempresas fantasma” que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada.

El dictamen, que ya fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial, recibió 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones; además de que no fue modificado pese a que hubo más de 30 reservas de oposición.

Este dictamen aprobado ayer pos los legisladores fue calificado como un “exceso” por juristas e integrantes de la iniciativa privada que pidieron frenarla, incluso éstos han manifestado que podrían promover amparos.

Las reformas planteadas para la ley establecen que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además, será sancionado con las mismas penas el que a sabiendas, permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este Código.

Una de las modificaciones que hizo el Senado de último momento, fue que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial coincidieron en que los diputados no los tomaron en cuenta para hacer precisiones a la iniciativa por la que se incorporan los delitos fiscales al catálogo de delincuencia organizada.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que seguramente habrá amparos en contra de esos cambios y aseguró que apoyarán a los empresarios en el proceso.

En conferencia de prensa, los presidentes de la Comisión Fiscal Nacional de la Coparmex, Reginaldo Esquer; de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Arturo Pueblita, y de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Luis Curiel, expusieron que promoverán amparos.

Las nuevas sanciones

Las reformas planteadas establecen las siguientes penas:

De 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este Código.La defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto no rebase los $7.8 millones.

Con información de Vanguardia

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