Castigar a los corruptos

 

En una encuesta realizada entre Reforma y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se reveló que durante 2020 se había ampliado en 4 puntos porcentuales la percepción de los mexicanos relacionada con la ocurrencia frecuente o muy frecuente de hechos de corrupción, colocándose ahora en el 90.1%. Asimismo, el porcentaje de mexicanos que percibe que la corrupción aumentará durante el presente año creció del 23% al 43%, mientras que los que consideran que la corrupción disminuirá, se redujo del 52% en 2019 al 31% en 2020.

Ante esta situación es natural que muchos ciudadanos se sientan frustrados y hay razones de peso para ello. Por ejemplo, mientras la ASE, Auditoría Superior del Estado de Coahuila, interpuso más de 280 denuncias, hasta el momento no existe ningún funcionario encarcelado, aunque existan algunos procedimientos judiciales en curso. En este sentido, es frecuente que se acuse al Sistema Nacional Anticorrupción de inoperancia en este aspecto.

Se ha mencionado también que sólo el 20% de los procedimientos administrativos y penales por hechos de corrupción han sido resueltos. Así, si bien la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción logró la recuperación de 12 millones 272 mil pesos involucrados en hechos de corrupción, según la ASE las denuncias involucran más de mil millones de pesos. Se hace evidente la perentoria necesidad de procurar modos de desahogar los procedimientos anticorrupción de manera más expedita y efectiva.

A nivel nacional, la Fiscalía General de la República se encuentra investigando gastos presuntamente ilegales por más de 400 millones de pesos realizados durante el gobierno de Rubén Moreira en Coahuila, con recursos federales del Fortafin, Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Es de hacer notar que la administración del ahora diputado Moreira no había sido investigada previamente por las autoridades federales y que, a decir de algunos críticos del Sistema Anticorrupción, las autoridades estatales tampoco parecen tener prisas en esclarecer, por ejemplo, las acusaciones por haber recurrido a empresas fantasma.

Definitivamente, amigo radioescucha, es necesario procurar las vías que permitan que el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales puedan cumplir sus funciones de manera clara y expedita. Es imperativo, por mencionar un ejemplo, que las denuncias realizadas por la ASE de Coahuila a la Fiscalía Anticorrupción sean vinculantes y generen necesariamente procesos de investigación. Cierto, hay que evitar que la corrupción vuelva a ocurrir. Pero eso no será posible si el Sistema Anticorrupción sigue sin castigar a los corruptos. ¿No lo cree usted así?

 



Comenta esta noticia
Top