Dimes y diretes

 

Después de meses de negociación, el pasado lunes se firmó un acuerdo entre dirigentes sindicales, representantes empresariales y el Gobierno Federal para restringir el outsourcing. Con el acuerdo se busca regular la situación de más de 4 millones de trabajadores que se encuentran en situación de subcontratados y que en muchos casos no tienen estabilidad laboral. Conforme a cálculos del IMSS, un 13% de la población laboral mexicana se ve afectada por esta situación.

Según lo que ha podido trascender, el acuerdo incluye la prohibición de la subcontratación de personal por un período que supere los tres meses. Introduce regulaciones relacionadas con la prestación de servicios especializados que sean distintos al objeto social y la actividad económica preponderante de la compañía que contrata. Por último, la resolución incorpora la creación de un padrón público de empresas del ramo y la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento patronal.

Ahora bien, no todas las partes parecen haber quedado satisfechas. Rodrigo Fernández Martínez quien es presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León manifiesta que esta ley representa una muy fuerte carga para las pequeñas empresas. En algunos casos porque las mismas tendrán que incorporar personal a la nómina que no les es primordial. En otros porque las empresas contratantes deberán fiscalizar hasta si sus proveedores están al día con el IMSS dada la responsabilidad solidaria a la que están sometidas.

Por otro lado, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano estima que la pérdida de empleos puede estar por el orden de los 2 millones de plazas como resultado de esta medida. Si bien todos concuerdan con que la figura del outsourcing ha sido utilizada muchas veces para la evasión fiscal, también es cierto que su prohibición de tajo puede terminar trayendo más problemas que beneficios. Por ejemplo, una mayor informalidad en la contratación de servicios.

Definitivamente, amigo radioescucha, la legislación relacionada con el outsourcing es una imposición y no resultado del consenso. En este sentido, es válido recordar que ya hace seis meses que el presidente López Obrador dijo que en diez días presentaría las pruebas de la supuesta corrupción en torno a los fideicomisos que eliminó. Recursos estos que hubiesen podido servir para atender la emergencia del desastre natural del incendio de la Sierra de Arteaga o para adelantar investigaciones relacionadas con medicamentos y vacunas contra el Covid-19. Así son las cosas, en este régimen cuyas decisiones se basan sólo en dimes y diretes.

 



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