Estamos en contra de factureros, pero la ley no debe ser discrecional: especialista

Liliana Rincón

Torreón, Coahuila (16/10/2019).- «Todos estamos de acuerdo en que el Estado complete su esquema de protección a sí mismo para perseguir la falsificación y venta de facturas; el problema es que hay un ámbito de discrecionalidad bastante amplio que podría haber sido coartado y va a generar que se promuevan acciones de inconstitucionalidad o amparos», explicó Raúl Mario Mijares Jiménez, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores de La Laguna, respecto a las reformas legales realizadas contra los llamados factureros.

Señaló que la discrecionalidad del Ministerio Público no sólo se presenta en la falsificación de facturas, pues podría ordenar la encarcelación de una persona cuando tiene egresos mayores a los ingresos declarados, caso en que no nada más iría en contra de los factureros, que es a los que se busca perseguir con las reformas, sino a cualquier contribuyente, incluso a alguien que, hasta por error, presente diferencias en sus números.

El especialista lamentó que queda a discreción del Ministerio Público y la autoridad administrativa la persecución de delitos con un castigo previo, sin que el acusado pueda estar libre durante la tramitación del proceso y puede ser que al final del juicio se demuestre que no era culpable, pero para entonces ya pasó un año y medio privado de la libertad.

Mijares Jiménez recordó que fue a través de modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, contra la Delincuencia Organizada, los códigos Fiscal de la Federación, Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal que ahora se permite la prisión preventiva para quienes incurran en el tráfico de facturas falsas es decir que pagan operaciones inexistentes o simuladas, pues se califica como atentado contra la seguridad nacional, delincuencia organizada cuando participan más de tres personas y establece un monto base de 7.8 millones de pesos.

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