Garantizar la privacidad no es sinónimo de quitar las cámaras sino atender protocolos, señala presidente de CDHEC

Mayela Avila

Torreón, Coahuila (14/12/2109).-  Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila Hugo Morales Valdés, la función de reconocimiento facial que tendrán las cámaras de seguridad que el gobierno estatal actualmente instala en varios municipios, deberá cotejarse con la información que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado cuenta sobre la información que se tienen de órdenes de aprehensión y cuyo expediente se cuenta con una foto de identificación de los responsables.

Lo anterior en respuesta a un amparo que, días atrás, interpuso la organización Formemos en el municipio de Torreón bajo el argumento de que la función de reconocimiento facial viola el derecho a la privacidad del ciudadano, además de que para cotejar la información, se requiere una base de datos que podría proporcionar sin tu consentimiento el INE o Control Vehicular:

Me parece que se está confundiendo el uso de las cámaras o la instalación de éstas, con la información que recabarán.  Hay que decir de que el hecho de que las cámaras se encuentren funcionando no necesariamente significa una vulneración a la intimidad de la gente. Cuando se viene a concretar esa vulneración es cuando se utiliza la información con fines diversos. Entonces hay que estar evaluando que se cumplan con los protocolos para garantizar que se respeta esta privacidad de todos los ciudadanos», apuntó el funcionario.

Agregó que garantizar la privacidad no es sinónimo de quitar las cámaras, sino aplicar los protocolos en materia de derechos humanos.

También precisó que bases de datos como el padrón nominal  o el padrón de control vehicular no puede ser público ni publicitados.

Por su parte, el catedrático de la Maestría de Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna  Ricardo Sánchez Reyes manifestó que, a reserva de conocer a fondo los términos en los que la asociación civil presentó el amparo, existen condiciones para que la autoridad estatal mediante un convenio pueda solicitar información con fines de seguridad pública sin que, con ello, se viole el derecho a la privacidad.

Agregó que tanto la Ley de Seguridad Pública Federal como la Ley de Coordinación de Seguridad Pública especifican sanciones para quien haga mal uso de los datos personas que el ciudadano entregó de manera voluntaria a una institución.  Para el abogado sería irregular que sin previa autorización de la persona, los funcionarios tengan acceso a datos como cuentas bancarias, resultados de éxamenes de sangre, entre otros.

 

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