Impunidad institucionalizada

 

Según la PGR, algunos jueces federales han emitido fallos que inexplicablemente favorecen a Javier Duarte de Ochoa, por lo que la mayoría de los delitos cometidos por el exgobernador de Veracruz, hoy en prisión, podrían quedar impunes. Según la Procuraduría, los responsables de impartir justicia están interpretando y aplicando las leyes de tal forma que, quien resulta beneficiado es el exmandatario veracruzano.

Por desgracia, los supuestos de la PGR con relación al comportamiento de los jueces en el caso Duarte resultan verosímiles y bastante creíbles. Esa desconfianza no es gratuita y se ha ganado a pulso por las múltiples ocasiones en que jueces y magistrados han actuado buscando beneficiar a alguien, aunque eso signifique traicionar su propósito de impartir justicia, contribuyendo a debilitar el Estado de derecho y la normalidad institucional del país.

Resulta frustrante atestiguar cómo se manipulan las leyes de manera arbitraria y convenenciera para favorecer a quienes tienen poder político o económico, como sucedió en el caso Duarte: la PGR alegó que un juez federal argumentó que la información financiera con que se inculpaba a Javier Nava Soria, un contador involucrado en el desvío de recursos públicos a favor de Duarte vía empresas fantasma, se obtuvo sin orden judicial, manipulando en forma indebida un criterio de la Suprema Corte.

Lo cierto es que, con cada fallo, la libertad del exgobernador veracruzano está cada vez más cerca, lo que contribuye a alimentar la convicción de que la impunidad reina en México. Y es preciso reconocer que en, no pocas ocasiones, es la propia PGR la que favorece la ausencia de castigo con sus frecuentes yerros al investigar e integrar expedientes, dando la impresión de que, en determinados casos, no se trata de errores, sino de una intención deliberada de impedir que ciertas personas sean sancionadas por sus crímenes.

Definitivamente amigo radioescucha, para efectos de la consolidación del Estado de derecho, poco importa de dónde vienen las fallas; el problema es la percepción generalizada de que en este país se protege a quienes trasgreden la ley. Es reprobable que, en particular, en el sexenio que está por concluir, las instituciones se pongan al servicio de los intereses más oscuros, castigando sólo a quienes aparecían como enemigos políticos y poniendo en libertad a los amigos, sin importar si violentaron la ley y traicionaron la confianza ciudadana, institucionalizando de esa manera la impunidad.

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