Qué dice y qué no la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Sustentable de Durango

transporte publico gomez

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Mayela Avila

Gómez Palacio, Durango (27/03/2019).- La iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Sustentable del Estado de Durango que presentó el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres y recibió el Congreso local el pasado 19 de febrero que, en caso de aprobarse, sustituirá a la actual Ley de Transporte del Estado, cuya última modificación se autorizó el 5 de marzo de 2017, no incorpora de manera literal la palabra Metrobús, pero sí la generación de sistemas masivos de transporte que garanticen la eficiencia y sustentabilidad de este servicio en la entidad.

También dedica un nuevo apartado denominado «Mecanismos de concurrencia y coordinación entre autoridades municipales y estatales de zonas conurbadas y metropolitanas», que incluye la creación de un consejo con la participación de representantes de cada uno de los municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna u otras zonas conurbadas para autorizar de manera conjunta y coordinada las acciones en materia de movilidad y transporte.

Lo anterior  descentraliza funciones que, a la fecha, sólo podía tomar el Consejo Estatal del Transporte. Asimismo incorpora el concepto de sistema de prepago y sistema integrado de transporte público. 

Otras novedades que presenta la iniciativa que no refieren al sistema Metrobús, pero que son de interés general, es la reducción de 30 a 20 años la vigencia de las concesiones y se mantiene la prórroga de otros 10 para quienes cumplan con los requisitos para seguir prestando el servicio.

En la exposición de motivos se especifica que esta medida es con el fin de que las concesiones no se conviertan en un monopolio. También se incluye la exigencia de que se cubra el pago del daño ya sea en su persona o pertenencias a aquellos pasajeros que hayan pagado su importe y sufran algún percance durante el uso de ese servicio, por lo que las unidades deberán contar con un seguro vigente.

La propuesta de ley incluye la regulación de las redes de transporte a través de aplicaciones tecnológicas, mismas que deberán contar con la autorización del Estado con vigencia de un año y las unidades deben inscribirse en un registro estatal.

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