Una muerte sin dolor

 

El agregado a la Constitución que realizó de manera reciente el Senado de la República referente al derecho a una muerte digna no es una autorización para que nuestro país se aplique la eutanasia. Sólo se trata de garantizar que los pacientes en fase terminal tengan acceso a los fármacos que alivien su dolor, en la medida en que esto sea médicamente posible. Un ejemplo concreto de esta disposición constitucional es el suministro de morfina para los enfermos a los que no se puede aminorar su sufrimiento de otra manera.

Cabe recordar que la práctica de la eutanasia, ya sea activa o pasiva, sigue estando prohibida en nuestro país. Resulta importante no confundir los términos para que no se preste a malas interpretaciones que conduzcan a ciudadanos de buena fe a incurrir en un delito. Y es que algunas voces se apresuraron a opinar sobre lo autorizado en el Senado sin antes conocer el contenido de la reforma a la Carta Magna, lo que suscitó un debate poco pertinente entre quienes demandan que se legalice la eutanasia y quienes exigen que siga su prohibición.

Tal discusión evitó que se valorara el sentido humanitario de la modificación que se realizó en el Senado al texto constitucional, que todavía debe ser avalado por los diputados: se trata de la disminución del sufrimiento de quienes están postrados esperando que llegue su momento final. Posibilitar una muerte digna, además, ayuda a que la familia de los pacientes sobrelleve también de una mejor manera ese proceso tan duro de ver morir a un familiar, sobre todo cuando las enfermedades les causan tanto dolor.

La posibilidad de la eutanasia no se encuentra bajo discusión en el Congreso y tal vez sea mejor así, dada la situación en la que se encuentra nuestra democracia y el marco institucional. Permitir que se ocasiones la muerte a otros, aunque sea para bien, exige que se garantice la aplicación de las leyes de manera tal que no haya abusos. Por desgracia, la debilidad institucional no permitiría que esto fuera posible. Así es que, al menos por un tiempo, la muerte asistida deberá seguir estando prohibida en tanto la realidad sobre el Estado de derecho en México no diga otra cosa.

Definitivamente amigo radioescucha, es positivo que se piense en garantizar constitucionalmente los esfuerzos que deben hacer los servicios de salud en México para evitar que los enfermos en fase terminal sufran de manera innecesaria. Pero el agregado a la Carta Magna no debe considerarse de manera alguna como un paso hacia delante en la legalización de la eutanasia. Ésta última exige un nivel educativo y de madurez que no hemos alcanzado todavía. Por eso, como sociedad, hay que concentrarnos sólo en garantizar una muerte sin dolor.



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