México cerró 2025 con una sensación política difícil de ignorar: pasamos de una democracia incipiente, con avances graduales, a un régimen donde el poder se concentra cada vez más en un solo polo. No ocurrió de golpe ni con un solo decreto, sino a través de decisiones encadenadas que fueron debilitando los equilibrios institucionales construidos durante décadas. Estos cambios, que pueden parecer lejanos o técnicos, tienen efectos cotidianos: menos información confiable, menos capacidad de defensa frente al abuso y mayor incertidumbre sobre el rumbo del país. El problema de fondo no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna y qué límites reales existen para el ejercicio del poder.
Uno de los episodios más significativos del año fue la desaparición de varios órganos constitucionalmente autónomos, creados precisamente para vigilar al gobierno y garantizar transparencia. Instituciones clave fueron eliminadas y sus funciones absorbidas por dependencias federales, bajo el argumento de simplificar y ahorrar. El resultado, sin embargo, fue otro: menos contrapesos y mayor opacidad. Sin árbitros independientes, el gobierno decide qué informa y qué calla, dejando a la ciudadanía prácticamente a ciegas sobre el uso de los recursos públicos. Hoy, acceder a información sobre el gasto en escuelas, hospitales o programas sociales es más difícil, y eso debilita la capacidad ciudadana de exigir cuentas claras.
Otro golpe severo a la vida institucional fue la reforma judicial. Por primera vez, jueces y ministros, incluida la Suprema Corte, fueron elegidos por voto popular en un proceso de muy baja participación. Lejos de fortalecer la justicia, el resultado fue una integración claramente alineada al partido gobernante. Diversas voces expertas advirtieron que esta nueva Corte sería más cercana al Poder Ejecutivo, validando casi en automático sus decisiones. Aún más grave fue el debilitamiento del amparo, ese recurso que permitía a cualquier persona defenderse frente a abusos de la autoridad.
El 2025 también estuvo marcado por escándalos de corrupción de gran escala que sacudieron las esferas más altas del poder, aunque sin consecuencias claras. El llamado “huachicol fiscal” reveló una red de contrabando de combustible y fraude que involucró a políticos, empresarios y grupos criminales. A pesar de la magnitud del caso, la percepción social fue que la impunidad volvió a imponerse. Este tipo de episodios alimenta el desencanto y refuerza la idea de que el combate a la corrupción depende más del discurso que de acciones efectivas. Cuando no hay instituciones fuertes ni justicia independiente, los escándalos se vuelven ruido mediático y no puntos de quiebre para corregir el rumbo.
Definitivamente, amigo radioescucha, todo este contexto profundizó la polarización política y elevó los riesgos para quienes participan en la vida pública. Este año fueron asesinados 56 actores políticos, incluidos siete alcaldes, una cifra que habla del deterioro del entorno democrático y de seguridad. La concentración de poder, la debilidad institucional y la impunidad no son problemas abstractos: generan violencia, miedo y silencio. Frente a ello, la ciudadanía no puede limitarse a observar. Informarse, participar y exigir rendición de cuentas es hoy más necesario que nunca. La democracia no se pierde de un día para otro, pero sí puede erosionarse lentamente si se normaliza la ausencia de contrapesos y se acepta que el poder no tenga límites. Ahí está el verdadero desafío, ante la pérdida de contrapesos.