La reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ya superó el filtro del Congreso y comenzará a aplicarse de manera gradual hasta 2030. De acuerdo con el análisis del IMCO, la medida impactará a 12.4 millones de trabajadores formales que hoy laboran más de 40 horas a la semana. La reducción será paulatina, dos horas menos por año a partir de 2027, hasta alcanzar el nuevo límite constitucional. Sin duda, se trata de un cambio de gran calado que busca mejorar la calidad de vida. Pero, como ocurre con toda reforma estructural, el entusiasmo político convive con dudas legítimas que conviene analizar con serenidad y responsabilidad.
La primera preocupación proviene de los propios sectores obreros. Aunque el espíritu original apuntaba a consolidar cinco días de trabajo por dos de descanso, el texto aprobado mantiene únicamente un día obligatorio por cada seis trabajados. Esta exclusión ha generado inconformidad entre colectivos que consideran que la reforma quedó corta frente a la expectativa creada. La gradualidad ha sido defendida por el gobierno como una forma de evitar impactos abruptos, pero el malestar revela una tensión de fondo: cuando una reforma promete dignificar el tiempo, no basta con reducir horas; también importa cómo se distribuyen.
La segunda inquietud es económica. Reducir 16.7% la jornada máxima implica, en términos teóricos, que para mantener el mismo nivel de producción podrían requerirse hasta 20% más trabajadores, si no hay mejoras de productividad. Esto ocurre, además, en un contexto adverso: en enero se perdieron más de 705 mil empleos, la mayoría formales. Elevar los costos laborales en medio de una contracción del empleo formal podría desincentivar la formalidad, especialmente cuando el 55% de los trabajadores ya se encuentra en la informalidad. La reforma, así planteada, beneficiará principalmente a quienes ya están dentro del sistema, dejando fuera a la mayoría.
El tercer elemento es estructural: la productividad. Entre 2000 y 2023, la productividad promedio de México creció apenas 0.1%, según la OCDE. Somos de los países que más horas trabajan en la OCDE y, sin embargo, no generamos proporcionalmente más valor. Reducir la jornada puede ser una oportunidad para modernizar procesos, invertir en tecnología y capacitar mejor al capital humano. Pero si no se acompaña de una agenda clara de digitalización, innovación y combate a la informalidad, el riesgo es trasladar el costo sin resolver el problema de fondo.
Definitivamente, amigo radioescucha, avanzar hacia una jornada laboral más humana es un objetivo legítimo y deseable. Nadie puede estar en contra de equilibrar trabajo y vida personal. Sin embargo, las reformas laborales no ocurren en el vacío: se insertan en un mercado laboral frágil, con alta informalidad y productividad estancada. La clave no está sólo en trabajar menos horas, sino en trabajar mejor, producir más valor y ampliar los beneficios a quienes hoy están excluidos. De lo contrario, una reforma celebrada podría terminar siendo, para muchos, apenas un cambio en el papel.