Saltillo, Coahuila (17/05/2019).- José Ramón Puig, abogado defensor de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, encabeza un despacho con 25 años de experiencia y estuvo entre 2010 y 2012, bajo la lupa de las autoridades por lavado de dinero, de acuerdo con el reportaje en junio de 2015 del Miami Herald titulado “con licencia para lavar”.

El diario estadunidense enlistó a Puig, junto a otros tres prominentes abogados de Florida, como parte de un monitoreo en el que fueron empleados para una operación ficticia de lavado, debido a sus presuntos contactos con narcotraficantes mexicanos y colombianos.

Se trató de una de las operaciones más grandes en la historia reciente del estado, con el fin de rastrear millones de dólares en efectivo que llegaron a puntos de venta de celulares, centros de cómputo, distribuidores de videojuegos, así como bufetes de abogados.

De acuerdo a la información difundida por el Miami Herald, agentes encubiertos como presuntos lavadores, recibieron los datos de cuentas bancarias de las firmas de los litigantes, con tal de conseguir la introducción de fuertes sumas de dinero. Bajo el código de ética existente en Florida, los abogados deben analizar el dinero recibido para descartar que sea producto de actividades ilícitas.

En estos casos, no quedó claro qué medidas tomaron los abogados después de que la policía transfirió dinero durante dos años a sus bufetes, después de que los agentes encubiertos recogieron el presunto efectivo de medicamentos en ciudades de todo el país y lo depositaron en cuentas abiertas en el banco SunTrust, a nombre de compañías fantasma.

«Necesitan este traslado urgente. ¿Podemos enviarlo?», señaló un correo electrónico en septiembre de 2010 a un oficial haciéndose pasar por un lavador de dinero. Al día siguiente, 50 mil dólares fueron enviados por la policía, según los registros. El destinatario: una cuenta fiduciaria del abogado de Miami José Ramón Puig, especializado en el trabajo de defensa criminal.

Dennis Fitzgerald, abogado y exagente de la DEA, dijo que el dinero podría ser el pago por varios motivos, uno de estos por honorarios legales. El problema, enfatizó, es que fue enviado por la policía encubierta en transferencias procedentes de una empresa ilegal. En el caso de Puig, el dinero se envió a cuentas de fideicomiso, según registros estatales, lo que conlleva una mayor carga para los abogados de saber quién envió los fondos.

Bajo las reglas del Colegio de Abogados de Florida, los fideicomisos se establecen para retener dinero para un cliente y los litigantes deben notificar cuando se reciba.

Con información de Zócalo