Claudia Martínez Martell

Torreón, Coahuila (05/09/2022).- Hoy en el programa Contextos escuchamos a Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien habló sobre su investigación recién publicada ‘Guardia Nacional y Fuero Militar: Camino a la Impunidad’.

Señaló que después de que se aprobó la iniciativa para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), decidieron sacar un texto donde se analiza una de las implicaciones de las que menos se habla, pero es de las que tiene mayores riesgos, y es que se pretende ampliar el poder militar hacia todos los elementos de la GN que hoy por hoy responde a la justicia civil en todas y cada una de sus acciones -la justicia civil es la que se aplica a todos los ciudadanos por igual-, pero ahora tendrá el fuero militar.

La ampliación del fuero, dijo, representa muchísimos problemas porque implica que los militares van a responder primero a la justicia militar, esto quiere decir que las acciones ilegales cometidas por los elementos de la Guardia Nacional quedarán fuera de la justicia civil —que aplica a todos los ciudadanos y fuerzas de seguridad pública, como las policías— y serán juzgados inicialmente dentro de la justicia militar. Así se abre la puerta de par en par a la impunidad y México cuenta con un largo expediente, nacional e Internacional, de cómo el fuero militar ha sido utilizado para tratar de evadir y complicar el acceso a la justicia por parte de las víctimas cuando los soldados son victimarios, casos que están documentados por la CNDH y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Llevamos una batalla de dos décadas en la Corte de Justicia y en los tribunales internacionales para limitar este mecanismo, que debería utilizarse solamente de manera extraordinaria, a más de cien mil elementos”, precisó.

Lo que sucede, explica el investigador, es que el fuero militar se atiende en un tribunal militar y los civiles tienen que batallar, primero, para trasladar los casos al poder civil y el gran problema es que, a pesar de que se entregue la judicialización del caso a lo civil, el primer respondiente va a ser siempre el Ejército, y cuando se dé la situación en que ellos sean los victimarios en una interacción con los ciudadanos, prácticamente ellos se convertirán en juez y parte, “llevarlos en primera instancia a la justicia militar, implica que el propio perpetrador es el mismo juzgador y es ahí donde se vulnera una gran cantidad de garantías de derechos humanos que nos pone en una posición única en el mundo o extremadamente rara”.

Lo invitamos a escuchar completa la entrevista con Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad…