Austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos

La importante baja de los precios del petróleo, sumada al dispendio de recursos en partidas como la adquisición del avión presidencial, la compra de millones de televisores, los miles de millones de pesos destinados a mantener la operación del creciente número de partidos, los elevados sueldos y prestaciones de la élite política en los tres niveles y poderes de gobierno, y los excesivos sobreprecios en los costos de las obras públicas, son algunas de las razones más importantes que ahora han obligado al gobierno federal a anunciar, por conducto del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recortes a partidas presupuestales por 124 mil millones de pesos.

Por otra parte, el pobre desempeño de los primeros dos años de la actual gestión federal, mucho se atribuyó a la demora en la aplicación de los recursos. En julio de 2014, la encuesta Pulso que levantó la revista Expansión entre los 500 ejecutivos más influyentes del país, demostró que la principal causa a la que éstos atribuían los problemas de las empresas mexicanas, era la lenta ejecución del gasto público.

Ya en septiembre de 2013 el gobierno peñanietista intentó reaccionar ante el inminente fracaso de la gestión económica y el paupérrimo 1.1% de crecimiento del PIB de ese año, lanzando un programa para acelerar el gasto público. Se dijo, que serían aplicados de manera inmediata 27 mil millones de pesos en infraestructura y crédito para la vivienda, lo que permitiría reactivar la industria de la construcción, pieza clave en el desempeño económico de toda nación. No obstante, este importante sector apenas comenzó a reportar recientemente alguna mejoría.

Del recorte anunciado por el secretario de Hacienda, aproximadamente dos terceras partes corresponden a gasto corriente, que iniciarán por comunicación social, sueldos por honorarios, celulares y plazas no ocupadas, entre otros. Sin embargo, la mayor repercusión provendrá, auguran los expertos, en el otro tercio del gasto que corresponde a inversión. Como advierte Alicia Salgado en Excélsior, “Este año no hay excedentes a distribuir y, siendo año electoral, será difícil la sequía para estados y municipios en el segundo semestre y para las dependencias que tienen importantes subsidios a pagar como Sagarpa, Sedesol y Salud, porque cuando el gobierno estatal carece de recursos para poner la parte que le corresponde, el subsidio se subejerce”.

En otras palabras, la mayoría de los programas de la Federación exigen que estados y municipios pongan una parte. Pero al verse reducida la importante cantidad que reciben éstos por concepto de las participaciones federales, no tendrán en muchos casos los recursos propios suficientes para solventar sus compromisos y aportar la parte que les corresponde en los programas, por lo que se perderán, según prevé la economista, muchos de esos recursos, impactando con ello, de manera negativa, la calidad de vida de los ciudadanos.

Otra preocupación entre analistas, es la persistencia de las causas de fondo que dañan a la economía mexicana; y es que aun cuando los expertos reconocen lo oportuno del anuncio del recorte, se preguntan por qué el gobierno federal no toma medidas decisivas en cuestión del derroche y la acumulación de pasivos. “No hay hasta hoy un solo anuncio oficial de optar por la austeridad sobre un mayor endeudamiento, ante la inevitable realidad de la baja de los ingresos”, se lamenta Enrique Campos Suárez.

El columnista añade: “Tras el paquetazo fiscal del año pasado, los agentes económicos particulares perdieron capacidad de gasto e inversión, que de acuerdo con el diseño priísta de manejar la situación, se compensaría con un creciente gasto público, que sí aumentó en forma significativa, pero no palió el efecto negativo de los impuestos en el sector privado”.

Definitivamente amigo radioescucha, tiene razón el senador Mario Delgado, quien ayer planteó que “los recortes al gasto previstos para este año deben darse en los excesos del Gobierno federal”. Y es cierto, porque los mexicanos quieren ver congruencia en la clase gobernante ante la tormenta económica que se avecina. ¿Por qué no reducir los privilegios ofensivos de quienes están en el poder? ¿Por qué siempre son los ciudadanos los que se tienen que sacrificar, cuando no se ha visto austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos?



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