Jessica Ayala
Torreón, Coahuila (04/05/2017).- «Estamos en una condición preocupante», dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, con respecto a las cifras delictivas del primer trimestre de este 2017, en una entrevista para Contextos.
Marzo no fue una cápsula de violencia en un contexto de tranquilidad, sino que en realidad se encuentra englobado en un proceso de descomposición en donde vemos aumentar prácticamente todos los delitos de alto impacto, que van desde el homicidio hasta diferentes tipos de robo, el secuestro, la extorsión y las violaciones».
Añadió que no se puede argumentar que esto tiene que ver únicamente con la el crimen organizado, sino que «estamos en un proceso de descomposición donde evidentemente las autoridades locales -porque se trata de delitos del fuero común- se están viendo rebasadas, no están logrando disuadir la comisión de delitos».
Señaló que en el análisis realizado por el Observatorio, y publicado en su sitio web, se puede ver que la delincuencia se ha agravado en estados como Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Morelos, Querétaro, Tabasco y Zacatecas, que representan prácticamente el 40 por ciento del territorio nacional.
Dijo que llama la atención que ingresaron a la lista entidades y ciudades que no habían figurado en el radar, además de que regresaron algunas donde la problemática ya había disminuido.
Tal es el caso de la región Laguna, que ya era considerada ejemplo en implementación de polìticas y estrategias de prevención del delito.
«Hoy vemos que nuevamente La Laguna es noticia, nuevamente empeora y esto tiene que ver con que no podemos echar a volar las campanas, no podemos considerar que cuando ya mejoran un poco las condiciones de seguridad quiere decir que las cosas están bien, no, debemos poner atención en esto constantemente».
En el caso del Estado de México, Nayarit y Coahuila, entidades que este año tendrán elecciones, dijo que «lo que comparten es el problema de la corrupción, es el problema del estado de derecho, es un problema de acceso a la justicia y la seguridad».