Antes del 26 de septiembre de 2014, la mayoría de los mexicanos desconocía dónde se localizaba Ayotzinapa, un poblado perteneciente al municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero. Allá, en el año de 1931 el profesor Raúl Isidro Burgos fundó la Escuela Normal Rural que hoy lleva su nombre, misma que trascendió a nivel nacional e internacional por los trágicos sucesos en los que la policía municipal de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de esa escuela, que dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 27 heridos y 43 normalistas desaparecidos.
A lo largo de estos dos años se han suscitado múltiples sucesos que han acaparado la atención de medios extranjeros y que marcó el inicio del declive de la imagen presidencial, junto con el escándalo de la famosa Casa Blanca. En el caso de Ayotzinapa, EPN no supo cómo reaccionar y tardó varios días en hacer declaraciones públicas sobre el hecho que derivó en la renuncia de Jesús Murillo Karam como titular de la PGR, el mismo que sostuvo como “verdad histórica” que los cuerpos de los estudiantes fueron calcinados en un basurero de Cocula.
La versión oficial señalaba que los normalistas fueron atacados por policías corruptos en Iguala, cuando estaban tomando a la fuerza cuatro camiones para sus movilizaciones políticas; los policías habrían entregado a los estudiantes a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, y los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival e incineraron los cadáveres. Pero una investigación del GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, echó por tierra esa versión oficial y criticó la inacción de las fuerzas federales.
La semana pasada Tomás Zerón dejó la Agencia de Investigación Criminal, quien fue acusado por los padres de los 43 de Ayotzinapa, de alterar las evidencias en Cocula. Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron el vínculo entre el crimen organizado y las autoridades; la ONU sigue exigiendo el esclarecimiento puntual de los hechos y el presidente EPN aseguró hace un par de días que el gobierno ha realizado una investigación como ninguna otra, con tantos recursos humanos y materiales, además de que el tema ha estado bajo la lupa internacional.
Lo único cierto de todo es que se ha profundizado la desconfianza en las instituciones, no se tiene credibilidad en las versiones oficiales y hay más dudas que certezas en torno a este caso, comparado con la matanza estudiantil del 68. Es decir, que el país, lejos de avanzar, va en retroceso. A casi medio siglo de aquella tragedia de Tlatelolco, no se ha logrado erradicar el autoritarismo y la prepotencia del poder político, pero peor aún, hoy con la complicidad y la connivencia de la delincuencia organizada. Cierto: no todos los que integran el gobierno son corruptos, aunque la percepción ciudadana es que la mayoría sí lo es.
Definitivamente amigo radioescucha, a dos años de la tragedia de Ayotzinapa, si bien se tienen muchas sombras, hay algunas luces que dan lugar a la esperanza: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos anunció el inicio del mecanismo de seguimiento especial para el caso, con base en las recomendaciones del GIEI y con el compromiso de EPN de un apoyo total, lo que debe exigir la participación de una creciente comunidad informada, crítica y analítica para demandar una clase gobernante capaz, honesta y transparente, que dé resultados y no justificaciones.
