Liliana Rincón
Torreón, Coahuila (02/09/2026).- Disminuyó en 35 por ciento la productividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparando la actuación que tuvo tras la elección judicial, contra la actividad realizada previo a ese proceso, según informó el abogado litigante Carlos Pedroza, con base en datos del máximo tribunal del país.
«En la productividad de la corte de la integración 2024-2025, se registraron un promedio de asuntos resueltos de 3 mil 174 y en este nuevo año hay reportados 2 mil 59», indicó.
Lo que consideró positivo es que la corte ha atraído más asuntos para resolver: en el periodo 2024-2025 fueron 257 y el actual se incrementó casi en 50 por ciento.
También resaltó que el interés del público en la sesiones cayó, al pasar de 882 mil vistas en youtube en 2024, a 67 mil, en 2026.
Recordó que en la elección judicial hubo muy poca participación ciudadana, es decir, entre 12 y 13 por ciento.
Consideró necesario que se garantice la independencia judicial de la corte frente al Poder Ejecutivo y manifestó como alerta la confirmación de créditos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, que fue un opositor al gobierno en turno.
También señaló que la nueva corte validó y cambió un criterio relativo a que la Unidad de Inteligencia Financiera no podía bloquear cuentas de los ciudadanos, lo que ya está permitido.
«Con indicios, sin pruebas, puede bloquear las cuentas bancarias de los ciudadanos», señaló.
Dijo que parece que la Corte se ha inclinado a defender los intereses del gobierno federal.
Luis Pedroza también recordó que en el caso de la sentencia para la preservación del acuífero de la Región Lagunera, en mayo de este año, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a través de la entonces Consejera Jurídica, solicitó a la corte que resolviera un recurso de queja de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de modificar los alcances de la resolución.
«Lo cual está prohibido conforme a los criterios internacionales y nacionales que protegen a la independencia judicial. Un poder no le puede dictaminar a otro la manera que puede resolver un asunto, mucho menos si es la cabeza de ese poder, en este caso la presidenta de la República», aseveró.
