La reiteración de las denuncias contra la CATEM por parte de las cámaras empresariales de la Comarca Lagunera no es un tema menor. Desde hace meses, productores, transportistas y pequeños comerciantes han reportado cobros ilegales, amenazas y agresiones que, lejos de disminuir, se han extendido bajo un clima de impunidad. Lo más grave es que las víctimas han señalado presunta complicidad institucional, mientras el gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas, continúa ofreciendo declaraciones sin resultados tangibles. La confianza, base de toda inversión, no se sostiene con discursos, sino con acciones firmes y resultados visibles que devuelvan tranquilidad a quienes generan empleo.
Las 19 organizaciones que firman este nuevo reclamo lo hacen desde la experiencia directa del acoso. Denuncian, una y otra vez, que la CATEM impone cuotas indebidas y controla sectores productivos mediante prácticas más cercanas a las del crimen organizado que a las de un sindicato legítimo. El silencio oficial, por tanto, no solo resulta inadmisible, sino peligroso. Es importante dejar claro que nadie se opone a los derechos de los trabajadores, pero sí a que esos derechos se usen como pretexto para encubrir extorsiones o abusos que dañan la economía y el tejido social de la región.
La percepción de inseguridad en la Comarca de Durango se ha deteriorado precisamente por la actuación de grupos como la CATEM, que aprovechan la falta de autoridad para intimidar a quienes trabajan. No hay competitividad posible donde impera el miedo ni desarrollo económico donde la extorsión se normaliza. Por eso, la exigencia de la Iniciativa Privada lagunera debe entenderse como un llamado a proteger la integridad de la región y de quienes la sostienen con su esfuerzo diario. La seguridad pública y la certeza jurídica no son privilegios, sino condiciones esenciales para el crecimiento compartido.
En contraste, Coahuila ha mantenido una política firme para impedir que ese tipo de prácticas echen raíces en su territorio. Las instituciones estatales han actuado con determinación y vigilancia, evitando que la CATEM y sus métodos avancen. Ese esfuerzo merece reconocimiento, pues confirma que la seguridad y la competitividad son dos caras de la misma moneda. Si algo distingue a Coahuila es su convicción de que la paz laboral se construye con justicia, diálogo y respeto a la ley, no con la intimidación ni con el miedo.
Definitivamente, amigo radioescucha, Durango debe pasar del discurso a la acción. No basta con condenar las extorsiones: es indispensable combatirlas con la ley en la mano y con voluntad política real. La Comarca Lagunera es una sola región y su futuro depende de la coordinación efectiva entre ambos gobiernos. La confianza ciudadana y empresarial no puede seguir siendo rehén de la indiferencia ni del miedo. Solo con firmeza, transparencia y cooperación podremos garantizar que el trabajo y la inversión florezcan en un ambiente de respeto y legalidad.