Torreón, Coahuila (23/01/2026).- Luis Javier Cortés, politólogo, analista y colaborador de Pájaro Político y Nexos México, habló en Contextos de su reciente publicación «La Credencial del Sistema de Salud Universal en México”. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que iniciará un proceso de credencialización del sistema de salud, que permitirá que la población se atienda en cualquier unidad del IMSS, del ISSSTE o del IMSS-Bienestar, sin importar su condición laboral.
Señaló que este anuncio solo puede definirse como una ocurrencia más del Gobierno Federal, a raíz de la grave crisis que enfrenta la población mexicana en torno a la carencia por acceso a los servicios de salud. Este documento que pretenden implementar, dijo, obedece a la gran cantidad de artículos que se modificaron en la Ley General de Salud, donde se incluyó, por decreto, un párrafo que establece que la derechohabiencia podrá acceder, de acuerdo a la enfermedad que padezca y sin importar su condición laboral, a cualquier institución médica.
En el papel, dijo, este decreto suena muy atractivo, pero, desgraciadamente, esto solo se queda en el papel. Si bien, la credencial podrá tramitarse, no hay nada detrás de esta iniciativa que pueda hacerla efectiva, “no hay nada detrás porque no se acompaña de financiamiento”.
Para 2026, el gasto anual por derechohabiente del IMSS será de 10 mil 074 pesos, en el ISSSTE ascenderá a 11 mil 385 pesos, mientras que para un beneficiario del IMSS-Bienestar será de apenas 4 mil 412 pesos. En la práctica, esto significa que la población con seguridad social recibe casi tres veces más recursos que aquella que no la tiene. Pretender que una credencial habilite el acceso indistinto a instituciones con niveles de financiamiento tan desiguales implica asumir que todas cuentan con la misma capacidad presupuestal, cuando claramente no es así.
Luis Javier Cortés manifestó que existe el riesgo de que la credencialización del sistema de salud se quede en un buen deseo si no se acompaña de cambios estructurales que hagan viable lo que hoy se plantea como un derecho. La experiencia reciente muestra que los instrumentos administrativos, por sí solos, no corrigen fallas de diseño ni compensan déficits financieros y operativos acumulados durante años.
