El nuevo análisis de Causa en Común sobre las conferencias matutinas del gobierno federal vuelve a poner el dedo en una llaga que, lamentablemente, no deja de sangrar: la falta de sustento informativo en materia de seguridad. Tras revisar 248 “mañaneras” y presentar 199 solicitudes de información, la organización encontró que solo el 22% obtuvo respuesta con algún dato y, aun así, el 96% no coincidió con lo dicho públicamente . Aún más grave: más de la mitad de las dependencias respondió remitiendo a los mismos videos de las conferencias, cerrando el paso a cualquier verificación independiente. Es decir, la fuente oficial se remite únicamente a sí misma, en un circuito donde la afirmación sustituye al dato.
Ante un tema tan delicado como la seguridad pública, esto no es una falla menor. Como advierte el estudio, las “mañaneras” han dejado de ser un mecanismo de información para convertirse en un muro que cancela la posibilidad de contrastar los dichos oficiales con los registros institucionales . Cuando un gobierno administra su comunicación de tal manera que evita la verificación, el resultado previsible es un deterioro del entendimiento público de la realidad. Y, en materia de seguridad, comprender bien la realidad es una condición básica para tomar decisiones personales y colectivas que pueden salvar vidas.
El riesgo no está solamente en los datos que se dicen —o en los que se omiten—, sino en las consecuencias sociales de la desinformación. Una ciudadanía que no puede confiar en la información gubernamental difícilmente puede evaluar políticas, exigir resultados o reconocer avances reales. La opacidad y la propaganda, cuando sustituyen a las instituciones, alimentan percepciones distorsionadas: minimizan problemas graves, exageran los logros y provocan que la población tome decisiones cotidianas a partir de una narrativa, no de los hechos.
Lo importante aquí no es criticar a un partido político. Lo relevante es señalar el daño que causa un ejercicio de comunicación gubernamental que confunde propaganda con información y que trata la verificación como una amenaza. La seguridad pública debería ser abordada con seriedad técnica, con datos confiables y con respeto al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. Un gobierno, cualquiera que sea su signo partidista, no puede negar esa responsabilidad sin poner en riesgo a la población que dice proteger.
Definitivamente, amigo radioescucha, vale la pena preguntarnos si un país puede avanzar en materia de seguridad cuando su principal canal de comunicación pública opera sin sustento documental y desincentiva el acceso a la información verificable. México necesita instituciones fuertes, datos claros y ciudadanía informada; no una narrativa que se alimenta a sí misma mientras los desafíos reales siguen creciendo.