El paro nacional de transportistas que se llevó a cabo ayer lunes en distintas zonas del país no surgió de un capricho ni de una motivación política, como intenta reducirlo la Secretaría de Gobernación al descalificar la protesta. Su origen es una realidad evidente: las carreteras de México se han convertido en un territorio incierto para quienes mueven la economía nacional. Los transportistas denuncian asaltos, extorsiones, cobros ilegales y una falta persistente de vigilancia. Y, aunque el gobierno asegura que las mesas de diálogo están abiertas, la percepción en el sector es que las respuestas se quedan cortas frente a la gravedad del problema.
Los testimonios son contundentes. Hay rutas donde los operadores enfrentan hasta 70 robos diarios y donde los retenes ilegales se han convertido en la norma . No solo los grupos criminales están detrás de estos delitos; diversas policías estatales y municipales también son señaladas por extorsión. Para muchos transportistas, el trayecto no solo implica mover carga: implica sobrevivir. Las denuncias incluyen desde amenazas por llevar licencias digitales hasta cobros indebidos por supuestas irregularidades que las mismas autoridades provocan al no emitir documentos suficientes para circular.
A esto se suman los efectos económicos. Las grandes firmas estadounidenses ya advirtieron que el robo en carreteras aumenta los costos logísticos, encarece los productos y desalienta inversiones en el país . Y no hablamos solo de grandes corporaciones: cada robo, cada retén, cada amenaza se refleja, tarde o temprano, en el precio de los alimentos, del transporte y de los bienes que consumen las familias mexicanas. La inseguridad carretera no afecta únicamente a los transportistas; nos afecta a todos, porque eleva el costo de la vida y limita la capacidad del país para generar empleos bien pagados.
Mientras tanto, el gobierno federal insiste en minimizar el problema, sugiriendo motivaciones políticas detrás de los bloqueos . Pero la realidad es más simple y más dura: cuando un sector llega al extremo de parar actividades a nivel nacional, no lo hace por estrategia electoral, sino por desesperación. Es absurdo pretender resolver un tema estructural con descalificaciones. Las mesas de diálogo son necesarias, pero deben ir acompañadas de resultados tangibles: más vigilancia, menos corrupción, mejor coordinación entre autoridades y una verdadera política de seguridad carretera.
Definitivamente, amigo radioescucha, lo que hoy ocurre en las carreteras del país debe verse como un llamado urgente: sin seguridad no hay movilidad, sin movilidad no hay economía y sin economía no hay bienestar. Atender las causas del paro no solo es un deber hacia los transportistas; es una obligación hacia cada familia que depende de que los productos lleguen seguros, a tiempo y a un precio justo. La inseguridad carretera no es un problema sectorial, es un problema nacional que ya no admite más evasivas.