La política mexicana atraviesa un momento complejo, marcado por una creciente pérdida de confianza ciudadana en la democracia y, de manera muy particular, en los partidos políticos. Las encuestas, las conversaciones cotidianas y el ánimo social coinciden en una percepción preocupante: la política ya no es vista como un instrumento para resolver problemas colectivos, sino como un espacio capturado por intereses particulares. Esta desconfianza no surge de la nada. Se alimenta de promesas incumplidas, de discursos vacíos y de una distancia cada vez mayor entre lo que la ciudadanía espera y lo que la clase política ofrece. En este contexto, la democracia deja de percibirse como un proyecto compartido y comienza a sentirse como un trámite desgastado, incapaz de responder a las necesidades reales de la población.

Lo más grave es que este desprestigio es ampliamente conocido por los propios partidos políticos y, aun así, persisten en las mismas actitudes que lo provocan. Escándalos de corrupción, simulación en la rendición de cuentas, confrontación permanente y una obsesión casi exclusiva por conservar o conquistar el poder siguen siendo prácticas recurrentes. En lugar de corregir el rumbo, muchos actores políticos parecen normalizar el descrédito, apostando a que la falta de alternativas claras mantendrá a la ciudadanía atrapada entre el enojo y la resignación. Esta conducta no solo erosiona la imagen de los partidos, sino que debilita la idea misma de representación política, al reforzar la percepción de que quienes gobiernan lo hacen de espaldas a la sociedad.

Estas actitudes han terminado por permear a las instituciones públicas, que cada vez con mayor frecuencia son vistas como extensiones de la disputa partidista y no como espacios al servicio del interés general. Cuando las decisiones se interpretan como cálculos políticos y no como respuestas técnicas o éticas, la confianza institucional se deteriora rápidamente. Así, se consolida la convicción ciudadana de que los asuntos de gobierno son, por definición, indignos o corruptos. El problema es profundo: sin instituciones confiables, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales, y cualquier política pública, por bien intencionada que sea, nace bajo la sospecha y el rechazo social.

Frente a este escenario, la ciudadanía suele adoptar dos posturas mayoritarias. Por un lado, la abstención y la nula participación, impulsadas por la creencia de que nada puede cambiar y de que involucrarse es inútil. Por otro, una participación altamente polarizada, donde se apoya o se rechaza a partidos y líderes de forma acrítica, más desde la identidad emocional que desde el análisis racional. Esta polarización, amplificada en redes sociales, empobrece el debate público y convierte la política en un campo de trincheras, donde escuchar al otro se vuelve casi imposible y cualquier matiz es visto como traición.

Definitivamente, amigo radioescucha, en medio de esta crisis de confianza, los asuntos públicos no se detienen. La salud, la seguridad, la economía y la educación siguen demandando soluciones urgentes y eficaces. Sin embargo, cuando la política se reduce a una disputa permanente por el poder, los resultados suelen ser pobres, alimentando aún más la decepción democrática. Se genera así un círculo vicioso: malos resultados profundizan el desencanto, y el desencanto permite que los partidos sigan jugando el mismo juego. Romper esta dinámica exige algo más que discursos: requiere responsabilidad política, ciudadanía crítica y la convicción de que lo público merece ser defendido más allá de colores y consignas.