Coahuila aprobó su paquete económico para 2026 y, más allá de las cifras, el hecho invita a una lectura con memoria. No se puede entender el presente financiero del estado sin recordar el punto de partida: una situación crítica heredada por la megadeuda contraída durante los gobiernos de los Moreira, que comprometió por años la capacidad de inversión, limitó el margen de maniobra y obligó a destinar buena parte de los recursos públicos al servicio de la deuda. Aquella herencia no fue abstracta: se tradujo en obras postergadas, en servicios con restricciones y en un estado que tuvo que aprender, a la fuerza, a administrar con lo mínimo. Por eso, cada paquete económico aprobado hoy debe leerse no como un acto rutinario, sino como un paso más dentro de un proceso largo, complejo y todavía inconcluso de recuperación financiera.
El paquete aprobado para 2026 muestra señales claras de que la disciplina financiera de los últimos años ha rendido frutos. Un presupuesto equilibrado, sin incremento de impuestos y con un crecimiento sustentado en mayor eficiencia recaudatoria no es un dato menor en el contexto nacional. Habla de un esfuerzo institucional por ordenar las finanzas, recuperar la confianza ciudadana y cumplir con los principios de responsabilidad fiscal. Coahuila aparece hoy con un nivel de endeudamiento sostenible y con mejores calificaciones en eficiencia recaudatoria, algo impensable hace poco más de una década. Sin embargo, conviene decirlo con claridad: esto no significa que los problemas estén resueltos. El peso de la deuda sigue ahí, marcando límites reales a lo que el estado puede y no puede hacer, y recordándonos que las decisiones del pasado tienen efectos de largo aliento.
Uno de los aspectos más relevantes del paquete económico 2026 es la prioridad otorgada al rubro de seguridad. No sólo se trata del área con mayor incremento presupuestal, sino de una señal de congruencia entre el discurso político y la asignación real de recursos. En un país marcado por la violencia y la incertidumbre, Coahuila ha logrado construir un entorno relativamente más seguro que el de muchas otras entidades, y sostener ese logro requiere inversión constante. Seguridad no es sólo patrullas y armamento; es capacitación, inteligencia, coordinación institucional y prevención. Apostar por este rubro es reconocer que sin condiciones básicas de seguridad no hay desarrollo económico, no hay inversión productiva y no hay tranquilidad para las familias. En ese sentido, el presupuesto refleja una decisión estratégica que merece ser valorada.
Al mismo tiempo, es importante evitar lecturas triunfalistas. Un presupuesto ordenado no equivale automáticamente a bienestar pleno. Hay rubros que crecen de forma moderada y necesidades sociales que siguen siendo apremiantes, especialmente en materia de salud, desarrollo social e infraestructura regional. La recuperación financiera es condición necesaria, pero no suficiente, para transformar la vida cotidiana de las personas. El reto para el gobierno estatal y para el Congreso será demostrar, con resultados tangibles, que cada peso recaudado y ejercido se traduce en servicios de calidad y en oportunidades reales. Y el reto político mayor es no repetir errores: no volver a comprometer el futuro con decisiones irresponsables que hipotequen a las siguientes generaciones.
Definitivamente, amigo radioescucha, la aprobación del paquete económico 2026 es una buena noticia, pero también una invitación a no bajar la guardia. La historia reciente de Coahuila nos enseñó que la vigilancia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad. Presupuestos claros, finanzas ordenadas y prioridades bien definidas deben ir acompañadas de una ciudadanía activa, informada y exigente. Sólo así se garantiza que la disciplina financiera no sea un discurso pasajero, sino una práctica sostenida en el tiempo. Porque cuidar el dinero público es, en última instancia, cuidar el futuro de todas y todos.