El presidente Enrique Peña Nieto solicitó a embajadores y cónsules mexicanos difundir “una imagen veraz y objetiva del país que disipe dudas y no distorsione nuestra realidad”. Esta recomendación del titular del Ejecutivo federal deja en claro su visión, en cuento a que la opinión que se tiene de México en el mundo, no ajusta con la realidad que se percibe de manera oficial. Como señala Raymundo Riva Palacio en El Financiero, la misión que encomienda el mandatario al personal diplomático es “cambiar la idea de que en México no hay Estado de derecho, transparencia ni honestidad. Contra esos demonios que cuelgan a este gobierno como a ningún otro en una generación, Peña Nieto hizo la encomienda, de contrarrestar la visión de la realidad mexicana apoyada por encuestas y críticas, que ven millones en México y en el mundo”.
De acuerdo con información que dieron a conocer hace unas semanas los legisladores del PRD, al año, los servidores públicos cometen en el país 12 millones de actos de corrupción, de los que el 85% no se denuncia. Falta agregar cuántos de esos delitos que sí se denuncian, terminan con castigo para los responsables. Otro dato: según un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, México destina el 6% del Producto Interno Bruto en compras públicas, pero en su marco legal no especifica sanciones para prácticas de colusión.
Además, las compras gubernamentales representan una cantidad importante del gasto público, ya que este rubro destina entre 30 y 40% del gasto total. Y son una de las actividades gubernamentales más vulnerables al desperdicio y con más tendencia al fraude y a la corrupción, de acuerdo con el estudio. ¿Cuál es el costo de todo esto? El Banco Mundial señala: la colusión puede incrementar los costos de los bienes adquiridos por los gobiernos hasta en un 50%. Pero para el Ejecutivo, esto parece no ser suficiente para que México tenga una imagen negativa en el extranjero.
Como seguramente tampoco lo es el hecho de que el Senado de la República, obligado por la ley de Trasparencia, informó por vez primera que entregó 3.4 millones de pesos a su sindicato más numeroso, para tareas de gestión desde agosto de 2012 hasta octubre de 2014. O que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, de 2010 a 2013 en seis municipios, entre ellos Saltillo y Torreón realizó 5 mil 655 observaciones que significaron para el estado una pérdida de mil 700 millones de pesos por comprobación incompleta de egresos, falta de documentación e información que respalde la justificación de los gastos, y falta de comprobación del ejercicio de presupuestal de sueldos, salarios y prestaciones.
Pero la corrupción no sólo reina en el sector gubernamental. Ejemplo de ello es que Raúl Olvera Amezcua, el principal socio de FICREA, construyó un emporio de más de un centenar de empresas en México, Estados Unidos y España, con el dinero de los ahorradores que confiaron en su firma. 49 de esas organizaciones continúan activas con la ayuda de seis colaboradores que aparecen como directivos o apoderados legales. ¿Dónde estaban las autoridades para impedir que esto ocurriera?
Definitivamente amigo radioescucha, tiene razón José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, al reconocer que la corrupción es un tema que debe ser atacado porque, mientras exista, “no habrá reformas de gobierno que convenzan ni tampoco gente que crea en la capacidad de sus gobiernos para solucionar sus problemas”. Sin embargo, ya lo dice la sentencia bíblica: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, y sólo se combate lo que se ve. Para Peña Nieto y su equipo, las quejas sobre la opacidad, la ineficiencia, la corrupción y los malos manejos, son distorsiones de una realidad caracterizada por la prevalencia de un Estado de derecho del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Distorsiones de una realidad sólo perceptible en la visión oficial.