El Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna admitió una denuncia contra la Comisión Nacional del Agua para determinar si la dependencia repitió una omisión relacionada con la sobreexplotación del Acuífero Principal-Región Lagunera. La controversia se origina por 347 prórrogas de concesiones para uso agrícola otorgadas entre abril y junio de 2026, algunas hasta por diez años, en un acuífero cuya disponibilidad media anual permanece en números negativos desde hace más de dos décadas.
Será la justicia federal la que determine si Conagua actuó conforme a derecho y si esas prórrogas representan efectivamente la repetición de una conducta previamente declarada inconstitucional. Pero, independientemente del resultado jurídico, hay una pregunta que no podemos eludir: ¿podemos seguir tomando decisiones sobre el agua como si el recurso fuera inagotable? En una región semidesértica, donde durante décadas hemos extraído del subsuelo más agua de la que la naturaleza consigue reponer, cada autorización debe estar respaldada por razones técnicas, transparencia y una visión de largo plazo.
Tampoco se trata de colocar toda la responsabilidad sobre los productores agrícolas. El campo lagunero genera empleos, actividad económica y alimentos, y necesita agua para sobrevivir. Precisamente por eso se requiere construir un modelo que permita producir utilizando el recurso de manera mucho más eficiente. Autoridades y concesionarios comparten una responsabilidad enorme: medir efectivamente las extracciones, modernizar sistemas de riego, combatir pozos clandestinos, respetar los volúmenes autorizados y evitar que intereses inmediatos terminen comprometiendo el futuro colectivo.
Hay además otro elemento digno de resaltarse: la participación ciudadana organizada. El caso forma parte de un litigio iniciado desde 2019 para exigir medidas que permitan revertir la sobreexplotación, y la Suprema Corte reconoció en 2022 que la condición del acuífero afecta derechos fundamentales relacionados con el agua y el medio ambiente. Una democracia necesita ciudadanos capaces de preguntar, vigilar, denunciar y recurrir a las instituciones cuando consideran que una decisión pública amenaza el interés común.
Definitivamente, amigo radioescucha, cuidar el agua de La Laguna exige mucho más que discursos y campañas ocasionales de concientización. Requiere autoridades responsables, concesionarios conscientes, agricultores apoyados para producir con mayor eficiencia y ciudadanos dispuestos a defender un recurso que simplemente no podemos reemplazar. Esperemos que esta revisión judicial permita esclarecer si las 347 prórrogas fueron otorgadas con el rigor que exige la crítica situación del acuífero y, sobre todo, que contribuya a establecer reglas capaces de asegurar su recuperación. Porque podemos discutir cómo repartir el agua disponible, pero hay una realidad que no admite interpretaciones: si acabamos con nuestro acuífero, todos habremos perdido.