Claudia Martínez Martell

Torreón, Coahuila (21/01/202).- Hoy en Contextos escuchamos a Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quien habló sobre el daño que les causa el decreto para regularizar ‘autos chocolate’, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que no es un daño solo para los miembros de la AMDA, ya que en primera fila están los propietarios de vehículos legales, que han hecho un esfuerzo para adquirir un auto nacional y estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, porque la regularización de los poco más de dos millones de unidades que anuncia el decreto, estará saturando la oferta en el mercado secundario, sobre todo los vehículos con una antigüedad de 8 años o más , que son los que se permitirá regularizar, y con ello disminuirá el valor del patrimonio de los propietarios.

En segundo término, apuntó, están las empresas distribuidoras de vehículos y las que formalmente comercializan autos seminuevos, “al final todos perdemos porque esto genera que sigan entrando vehículos contaminantes, chatarras, que ponen en riesgo y generan mayores demandas e inversiones en la infraestructura vial. Esto ya lo vivimos y Torreón fue un ejemplo con lo que ocurrió entre 2006 y 2009, casi se duplicó el parque vehicular en circulación con la entrada masiva de vehículos procedentes de EU cuando Fox decidió abrir la frontera para regularizarlos”.

Respecto a si con este decreto se va a terminar la importación ilegal de autos, Rosales Zárate manifestó que el contrabando automotriz no se frenará si no existe la voluntad política de hacerlo. De 1979 al 2013, se han registrado 30 regularizaciones y la promesa siempre es la misma, de que sería la última vez, pero la realidad es un incremento exponencial de estos vehículos.

El gobierno del presidente López Obrador no ha asumido el compromiso de acabar con la corrupción en las aduanas y los vehículos siguen entrando por los cruces fronterizos, a la vista y ante el beneplácito de los oficiales aduaneros, que son signo de corrupción al igual que permitir, por parte de los gobiernos estatales y municipales, la venta en los puntos donde es del dominio público que se lleva a cabo este comercio ilegal”, precisó.

Lo invitamos a conocer más del tema, escuchando la entrevista completa con Guillermo Rosales de la AMDA…