La corrupción suele discutirse como un problema moral o político, pero con frecuencia olvidamos que también es un problema económico. Cada soborno, cada “mordida” y cada trámite condicionado a un pago indebido representan recursos que dejan de destinarse a actividades productivas y terminan alimentando prácticas que debilitan la confianza en las instituciones. Por eso resulta relevante el análisis que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025. Sus conclusiones muestran que la corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la competitividad del país.

El primer dato es preocupante. El costo promedio de la corrupción por ciudadano alcanzó los 5 mil 432 pesos durante 2025, la cifra más alta registrada en una década y un incremento de 15 por ciento respecto a la medición anterior. Detrás de esta estadística hay millones de personas que tuvieron que desembolsar dinero para acceder a trámites o servicios que deberían prestarse con normalidad. El impacto nacional asciende a casi 25 mil millones de pesos, una cantidad que ilustra la magnitud del problema y sus efectos sobre la economía familiar y la actividad productiva.

El segundo hallazgo tampoco invita al optimismo. La percepción de corrupción, que había mostrado una lenta tendencia descendente desde 2017, volvió a incrementarse. Hoy, 84 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en su entidad federativa. Dicho de otra forma, cuatro de cada cinco ciudadanos observan este fenómeno como parte habitual de la vida pública. El problema no es únicamente la existencia de actos corruptos, sino el deterioro de la confianza que generan. A mayor percepción de corrupción, menor confianza en las instituciones gubernamentales y mayor dificultad para construir acuerdos sociales duraderos.

El tercer dato confirma que no se trata solamente de percepciones. La prevalencia de la corrupción también aumentó. Según la encuesta, 16 por ciento de las personas que realizaron pagos, trámites o solicitaron servicios públicos fueron víctimas de algún acto de corrupción. En términos prácticos, millones de mexicanos enfrentaron solicitudes indebidas, pagos extraoficiales o condicionamientos para obtener servicios que les corresponden por derecho. La corrupción deja de ser una abstracción estadística cuando afecta directamente el tiempo, el dinero y la calidad de vida de los ciudadanos.

Definitivamente, amigo radioescucha, combatir la corrupción no es únicamente una cuestión de castigar a quienes incumplen la ley. También implica modernizar trámites, aprovechar las herramientas digitales, fortalecer los mecanismos de vigilancia y construir instituciones más transparentes y eficientes. Como señala el propio IMCO, la integridad pública es una condición indispensable para atraer inversiones, generar crecimiento económico y fortalecer la confianza ciudadana. Mientras la corrupción siga costando miles de millones de pesos y afectando a millones de personas, seguirá siendo uno de los grandes desafíos para el futuro de México.