Liliana Rincón

Torreón, Coahuila (14/02/2025).- Ante la preocupación por la reforma a la Ley del Infonavit y los señalamientos de que los ahorros de los trabajadores pasarán a una filial independiente, el abogado Raúl Mario Mijares Jiménez, aclaró que el derechohabiente decidirá cómo usar la subcuenta de vivienda, porque está a su nombre en una afore:

La diferencia en la ley es que permite a Infonavit volver a ser constructora de casas, no al Infonavit de manera directa, sino a una empresa creada por este. Construir vivienda para darla en renta, entendí que podrían enajenarla como hacían antes. Incrementa la posibilidad de descuento del salario, que está topada al 20 por ciento del patrón a los trabajadores, para subirla al 30 cuando se trate de renta».

Dijo que la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar a la constructora, que será controlada por el Instituto:

El temor que se tiene es que se vuelva a caer en los vicios de antes, el construir con la calidad que todo mundo utilizó para denigrar y decir es una ‘casa de Infonavit’. Todavía lo usamos en nuestro léxico: cuando decimos que una casa es chiquita y mal hecha decimos que es de Infonavit».

Mencionó que la reforma aparentemente tiene la buena intención de incluir a un mercado de trabajadores que no cuentan con la posibilidad de adquirir vivienda dadas sus características y sus niveles de ingresos y hacer un tipo de casas más baratas a las que puedan acceder, ya que muchas constructoras no se dedican a ese sector porque el margen de ganancia es muy pequeño. En este caso, el Infonavit tendría que subcontratar, aunque para bajar sus costos debería edificar de manera directa.

«Es la historia que ya vivimos, hace 40 o 30 años», destacó y dijo que al menos conoce tres tipos de fraudes en perjuicio del instituto: crear acreditados ficticios, que no existen, no trabajan, no cotizan y cuyas casas están ocupadas por una persona a quien le vendieron ese derecho; la asignación a quienes sí existen, pero que no lo pidieron, para destinarlo a un tercero y la venta de una vivienda a un precio que no vale porque hay un arreglo con los funcionarios.

Los vicios en los que se podría caer son en cuanto a la contratación de quienes construirán las casas y la identificación de los beneficiarios.