La reforma judicial fue aprobada a pesar del rechazo expresado por múltiples organismos, instituciones académicas, organizaciones civiles e incluso instancias internacionales que advirtieron sobre sus riesgos. Tampoco fue una reforma particularmente popular: diversos estudios muestran que, en comparación con otras iniciativas impulsadas por la 4T, esta recibió un menor respaldo ciudadano. Aun así, el gobierno ha insistido en promoverla y en invitar a la población a participar activamente en la jornada electoral correspondiente. Sin embargo, tanto los pronósticos oficiales como los no oficiales apuntan a que la participación será muy baja.

Eso abre la puerta a un escenario muy peligroso: que los poderes fácticos, o incluso el propio gobierno que impulsó la reforma, terminen colocando en los cargos judiciales a perfiles afines y funcionales a sus intereses. Justamente por tratarse del Poder Judicial, cuya principal virtud debería ser la autonomía, no puede permitirse que la mayoría de la ciudadanía deje el espacio vacío. Cuando una sociedad no defiende su derecho a decidir, otros deciden por ella. Y en este caso, si se permite la analogía, equivale a que se permitiera la elección por voto del árbitro para un partido de fútbol, y que sólo los aficionados de uno de los equipos, saliera a ejercer su voto.

Desde luego, es válido que muchas personas se pregunten si ir a votar no equivale a legitimar un proceso con el que nunca estuvieron de acuerdo. Pero hay que recordar que el voto también es una herramienta de control y de contención. Un voto bien informado puede evitar que los peores perfiles accedan a cargos de enorme responsabilidad. Porque en la vida pública, y más aún en la impartición de justicia, no se trata de castillos ideales, sino de evitar retrocesos que resulten irreversibles.

Parte de esa responsabilidad implica responder con seriedad a la pregunta: ¿cómo votar? La respuesta no está en una lista de nombres, sino en identificar con claridad de dónde proviene cada candidatura, quién la impulsó y con qué antecedentes llega a esa boleta. Se trata de apostar por aquellos perfiles que, aun dentro de las limitaciones del proceso, ofrezcan mayores garantías de actuar con autonomía, criterio jurídico y respeto por los derechos humanos. Jueces, magistrados y ministros toman decisiones que afectan profundamente la vida de las personas. Por eso, no se puede votar a la ligera ni mucho menos dejar de votar por indiferencia o decepción.

Definitivamente, amigo radioescucha, hay momentos en los que no decidir es ya una forma de decisión. En esta elección judicial, más que en ninguna otra, lo que está en juego no es sólo quién gana, sino quién controla al que gana. Votar no es una concesión al sistema: es una forma de demostrar que entendemos lo que está en juego y que no queremos dejar el destino de la justicia en manos de intereses ajenos al bien común. Ojalá y que lo ejemplar no sea la elección, como tanto se insiste desde la Presidencia del país, sino, la madurez con las que la ciudadanía mexicana toma sus decisiones.