Los problemas que hoy hacen crisis en México, deben entenderse como evidencias inobjetables de lo vital que resultan para la nación los comicios del 7 de junio: el país sólo creció 2.1% el año pasado; la Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades por más de 117 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2013; los delitos de alto impacto van a la alza con excepción única del robo de automóvil; en fin, estos asuntos forman parte de una lista que tienen agobiada a la ciudadanía, y cuya atención está relacionada con la responsabilidad de la labor legislativa de los diputados, por lo que debemos valorar la magnitud y relevancia de las próximas elecciones.
Ante esta situación, es comprensible la reticencia de un gran número de ciudadanos a participar en las elecciones. Es lamentable que el árbitro se encuentre bajo cuestión por las decisiones plagadas de sospechas de estar favoreciendo al partido en el poder y a sus aliados. motivo por el que el PAN, PRD, Morena, PT, MC, Humanista y Encuentro Social, el pasado jueves se levantaron de la mesa de sesiones del INE, cuando el consejero Marco Antonio Baños, acusado de ser afín al PRI, logró suspender la discusión sobre el uso electorero de los programas sociales, en particular, sobre la entrega de televisores digitales que se realiza en diversos estados del país.
Por desgracia, el INE a nivel federal –e incluso estatal- no es el único que se encuentra en crisis de credibilidad, como lo reconoce su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello. También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pasa por un mal momento, entre otras decisiones, por la exoneración del PRI por el caso Monex, cuando había -a juicio de especialistas- elementos suficientes para sentenciar al tricolor e incluso, una resolución de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso, concluyó el 11 de marzo del año pasado que el PRI rebasó los gastos de campaña en 4 mil 263.8 millones de pesos al erogar 4 mil 599.9 millones, cuando el máximo legal permitido era de 336.1 millones de pesos.
Por su parte, la Fepade, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, se mantuvo acéfala durante meses por la rebatinga de los partidos políticos, que querían tener también bajo su dominio a este importante órgano de la impartición de justicia en la materia, ocasionando un profundo rezago que ahora tendrá que sacar adelante con el proceso electoral encima su nuevo titular, Santiago Nieto Castillo, quien, aun con el prestigio que le acompaña, requerirá tiempo para poder tener los elementos que le permitan actuar en los asuntos más polémicos, como la persistencia del Partido Verde de no bajar sus anuncios de los cines, lo que sin duda afectará de manera negativa al proceso en curso.
En tanto, Carmen Aristegui advierte: “Hay preocupaciones serias para la equidad y la transparencia. Fue revocado el contrato a la empresa que operaría el sistema para vigilar en línea a partidos, candidatos y campañas. Será el propio INE quien desarrollará ahora el sistema. El fantasma del Monexgate reapareció y el Tribunal Electoral exoneró al PRI de lo que quedaba de aquel escándalo. ¿Con la nueva ley y la fiscalización del INE se garantiza que no habrá más estructuras paralelas que concentren cantidades millonarias de procedencia desconocida en cuentas fantasmas que, luego se encargará de dispersarlos a través de tarjetas Monex u otra institución en tiempos de campaña?”.
Y en medio de la crisis por la que atraviesa el INE, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, fustigó a los que descalifican a las autoridades electorales: «No queremos y rechazam os a aquellos que descalifican a las autoridades electorales cuando las decisiones legales y mayoritarias no les favorecen o sencillamente no les gustan», sentenció.
“Situaciones como las descritas han llevado a la generalización, entre la sociedad, de una percepción mayoritaria de que las instancias electorales del país carecen de verdadera independencia y que parecen más dispuestas a servir al partido en el poder que a garantizar equidad, imparcialidad y justicia en los procesos electorales”, acusa el editorial de La Jornada, que se suma a otras voces, como la de José Rubinstein, en Excelsior: “El monumental y carísimo esfuerzo ciudadano por solventar a los partidos políticos, al INE y demás organismos electorales, exige a los mismos a cumplir en grado de excelencia con su cometido del próximo 7 de junio”.
Definitivamente amigo radioescucha, como comenta la politóloga de la Universidad Iberoamericana Ivonne Acuña Murillo, “la gente se da cuenta que hay un árbitro debilitado, cuestionado”. De ahí la relevancia de que la ciudadanía se articule para funcionar como contrapeso, pues, ante la gravedad de los problemas que vive el país, no se debe soslayar la relevancia de un proceso electoral que, sin duda, marcará el rumbo que siga México en los próximos años, pero que, de entrada, deberá remar contra corriente con un juez que se encuentra en tela de juicio.