¿Qué hay más allá de los aplausos de los priistas, de la demora observada por los panistas, y de la simulación señalada por la izquierda, tras el anuncio de la resurrección de la Secretaría de la Función Pública y la instrucción del presidente Peña al nuevo zar anticorrupción, Virgilio Andrade, de investigar el posible conflicto de interés en la adquisición de bienes inmuebles por su esposa, por el secretario de Hacienda Luis Videgaray y por él mismo? Lo primero que hay que destacar es el revés que le da Peña Nieto a su propia iniciativa: en noviembre de 2012, siendo presidente electo, pidió al Congreso desaparecer la Secretaría de la Función Pública o SFP para remplazarla por un nuevo órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción.
Dos años después, el remplazo no llegó, y para este año, la SFP tiene un presupuesto por debajo de los mil 484 millones, cuando legalmente no debería existir. Hoy, puede afirmarse que dicha Secretaría se queda, cuando la intención de desaparecerla, obedeció a su fracaso evidente, además de su elevado costo. Sobre su ineficacia, la Auditoría Superior de la Federación reveló en 2013, que durante todo el sexenio de Calderón esta dependencia sólo recuperó 25.2 millones de pesos en multas a servidores públicos a quienes acusó de cometer actos ilegales, lo que representa apenas 0.33% de las sanciones que intentó imponer tan sólo en 2011.
Además, un estudio de Alejandro Tuirán, revela que en 2013 el Gobierno federal gastó 439 millones de dólares en la estructura de vigilancia y control de la SFP y sus similares en los estados. La cifra es muy superior a las que erogan agencias anticorrupción de otros países, y con mejores resultados. La de Singapur, ejerce un presupuesto anual de 21 millones de dólares; la de Hong Kong cerca de 85 millones de dólares y la de Chile sólo 200 mil dólares. ¿Los resultados? Singapur ocupa el 7° lugar en el ranking de menos corrupción, según Transparencia Internacional; Hong Kong el 17°; Chile el 21°, y México el 103°.
Así, la tarea del nuevo titular de la SFP tiene que ver con recuperar la confianza en las instituciones, en particular, la de la Presidencia de la República, pero debe comenzar, primero, por la propia dependencia a su cargo. Sin embargo, hay pesimismo entre analistas y expertos por el pasado de Virgilio Andrade, vinculado muy estrechamente con quien será uno de sus investigados: Luis Videgaray. Al respecto, Gil Gámez señala en El Financiero: “Si por un azar de la vida Virgilio concluyera que sí hay conflicto de interés en la adquisición de las casas al Grupo Higa y al señor San Román, contratistas del gobierno de Peña Nieto a nivel estatal y federal, ¿qué pasaría? Pues lo echarían a la calle porque contratar a quien va a arruinarte sería una barbaridad, pero bueno, a lo mejor así se estila”.
Por su parte Ángel Villarino advierte en Reforma: “un préstamo hipotecario con intereses más bajos que el mercado es un regalo, y los políticos que reciben regalos de particulares, son perseguidos por la ley… en EU”. En tanto que Alberto Aguirre asegura en El Economista: “el principal defecto de las ocho acciones ejecutivas anunciadas por EPN radica en tratar de acallar las suspicacias, mas no afrontan el problema estructural”. De ahí que la resurrección de la SFP también significa, hasta ahora, la muerte definitiva a la creación de un ente autónomo, que combata el más grande flagelo de los mexicanos, que es la corrupción.
Definitivamente amigo radioescucha, resulta difícil otorgar un voto de confianza al nuevo zar anticorrupción, cuando las decisiones presidenciales se niegan a afrontar la realidad en torno a la pérdida de credibilidad institucional que sufre el país. Es claro que la ciudadanía sólo va a aceptar un resultado de la investigación en torno al conflicto de intereses y éste no será el que dictamine el titular de la SFP. Como dice Mauricio Merino, “la inteligencia de los mexicanos es muy superior al contenido del discurso presidencial. Hoy los mexicanos saben que lo que intentó ayer Peña Nieto fue salir del paso mientras se celebran los comicios de julio”. De ahí el recordatorio de un elemento primordial: el respeto del gobierno a la inteligencia ciudadana.