Claudia Martínez Martell

Torreón, Coahuila (05/08/2022).- Hoy en Contextos, Carlos Rodríguez, defensor de Derechos Humanos e integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), habló de la tragedia en mina de Sabinas, Coahuila.

Señaló que esta tragedia no es más que otro eslabón que se une a la cadena de siniestros ocurridos en la zona carbonífera de Coahuila, mismos que, cree, se seguirán contando mientras no haya un cambio estructural en las condiciones laborales de la región, “no solo no han cambiado las condiciones, sino que han empeorado; hay una relación entre impunidad y precarización del trabajo de los mineros, se degradan sus condiciones de tal manera que permiten formas intrínsecamente perversas de extraer carbón, no hay medidas de seguridad”.

La incapacidad parcial permanente de los trabajadores de Coahuila, apuntó, ocupa los primeros lugares a nivel nacional y del total de dichas incapacidades, aproximadamente el 80 por ciento corresponde a mineros y, además, el país se encuentra muy lejos del criterio del estándar internacional de protección.

La investigación que hicimos cuando sucedió lo de Pasta de Conchos, es que México tenía 1.34 por ciento de cobertura para estos trabajadores y de seguridad en general, cuando el estándar Internacional era del 4 por ciento; hoy, 15 años después de Pasta de Conchos, andamos entre el 2 y el 3 por ciento”, precisó.

¿Qué es lo que permite esta situación? Carlos Rodríguez respondió que hay una impunidad institucionalizada, donde el primer factor es la Norma 032, misma que se modificó, pero dicha modificación no tiene un tipo de sanción que dirima el comportamiento empresarial de no otorgar condiciones debidas de trabajo. El modus operandi en la región carbonífera, dijo, es otra situación que afecta, por ejemplo, en el caso de los pozos y las minas de arrastre, los empresarios o concesionarios se enteran con anticipación que van a recibir la inspección, entonces, desmontan las estructuras frágiles del pozo y así desaparece el centro de trabajo; o bien, simulan que laboran con ciertos equipos de seguridad mientras están siendo inspeccionados.

También, no hay un cumplimiento cabal de la ley. El reporte de inspección de 2021 de la Secretaría de Trabajo reconoce que en la región solo el 39 por ciento cumple la legislación laboral; otro elemento es que, en la historia de la región, no hay una solo sentencia por la muerte de los mineros, cuando se ha abierto una averiguación previa, la mandan al archivo inmediatamente”, sentenció.

Manifestó que resulta más barato pagar por un muerto, que cumplir con la seguridad que demanda la ley.

Lo invitamos a conocer más del tema, escuchando la entrevista completa con Carlos Rodríguez…