Estado de Derecho: avances y retrocesos

 

El World Justice Project publicó el “Índice de Estado de Derecho en México” correspondiente al año 2023. El indicador se mide en una escala de 0 a 1, donde 1 representaría la adherencia perfecta al Estado de Derecho y 0 su ausencia total. Las entidades mejor evaluadas fueron Querétaro con 0.49 y Guanajuato y Aguascalientes ambas con 0.47. Del lado contrario, las peor evaluadas fueron Quintana Roo con 0.36 y Morelos y el Estado de México, con 0.35 cada una.

El informe señala que entre 2023 y 2024, se observó una mejora significativa en el respeto a los derechos laborales en 19 estados de México. La evaluación anual destacó avances en los derechos individuales, con énfasis en el incremento del salario mínimo, la eliminación del outsourcing y el fortalecimiento de la seguridad social y las condiciones laborales. La disminución de la discriminación y la erradicación del trabajo forzado y del trabajo infantil fueron también logros notables que incidieron en este renglón.

Sin embargo, la seguridad continúa siendo un desafío en México, evidenciado por las elevadas tasas de homicidios y de delitos. Con todo, 16 estados han mejorado su apreciación de seguridad entre los ciudadanos. Asimismo, el renglón de “Ausencia de corrupción” muestra un estancamiento preocupante, especialmente por el deterioro en la percepción ciudadana sobre las fuerzas de seguridad y de administración de justicia.

En el ámbito local, Coahuila ocupa la novena posición a nivel nacional, con una valoración de 0.44 puntos. La entidad destaca en el renglón de “Orden y Seguridad” con 0.65. No obstante, su calificación en “Gobierno Abierto” es baja, situándose en el lugar 28. Por otro lado, Durango se posiciona en sexto lugar con 0.45 puntos, sobresaliendo también en “Orden y Seguridad” con 0.68, pero con deficiencias en “Cumplimiento Regulatorio”, donde ocupa el lugar 24.

Definitivamente amigo radioescucha, más allá de las particularidades el reporte subraya un retroceso en los contrapesos democráticos a nivel estatal en los últimos años, afectando principalmente a la prensa y a la sociedad civil. Estos equilibrios son cruciales para el cumplimiento regulatorio y su deterioro plantea serias preocupaciones sobre el Estado de Derecho en México.



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