En un país democrático, la prensa debería cumplir una función elemental: informar a la ciudadanía, cuestionar al poder y abrir espacios para el debate público. Sin embargo, en México ejercer el periodismo se ha convertido, para demasiadas personas, en una actividad de alto riesgo. El reciente informe de Artículo 19, titulado Estructuras del Silencio… México, más violento con la prensa, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad preocupante: las agresiones contra periodistas no son hechos aislados ni producto de la casualidad. Detrás de ellas existen contextos de impunidad, amenazas del crimen organizado, presión política y discursos de confrontación que terminan debilitando la libertad de expresión y, con ello, la calidad misma de nuestra democracia.
El informe señala que la violencia contra periodistas continúa creciendo y que muchas agresiones provienen, incluso, de actores públicos. Esto resulta especialmente grave porque desde el poder debería enviarse un mensaje de respeto absoluto al derecho de informar. Cuando desde tribunas políticas se desacredita sistemáticamente a medios y periodistas, se alimenta un ambiente hostil que termina normalizando el insulto, la intimidación y, en los casos más extremos, la violencia física. No se trata de impedir la crítica a la prensa; en toda sociedad democrática los medios también deben rendir cuentas. El problema aparece cuando se sustituye el debate razonado por campañas de estigmatización que convierten al periodista en enemigo.
La situación adquiere una dimensión todavía más delicada en regiones donde el crimen organizado mantiene presencia o capacidad de presión. Ahí, muchos periodistas trabajan prácticamente solos, con pocos recursos y bajo amenazas constantes. El silencio termina imponiéndose no porque falten historias que contar, sino porque informar puede costar demasiado caro. Y cuando una comunidad pierde a sus periodistas, pierde también una parte esencial de su capacidad para comprender lo que ocurre a su alrededor. La violencia contra la prensa no afecta únicamente a quienes ejercen el oficio; termina perjudicando a toda la sociedad, que queda expuesta a la desinformación, al miedo y a la opacidad.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no debe entenderse como una causa exclusiva de periodistas o medios de comunicación. Es una responsabilidad colectiva. Las autoridades tienen la obligación de investigar agresiones y garantizar condiciones mínimas de seguridad, pero la ciudadanía también juega un papel importante. En tiempos de polarización, resulta tentador consumir únicamente la información que confirma nuestras propias ideas y descalificar automáticamente todo aquello que nos incomoda. Sin embargo, una sociedad madura necesita pluralidad de voces, debate crítico y disposición a escuchar incluso aquello con lo que no coincide plenamente.
Definitivamente, amigo radioescucha, proteger a la prensa significa proteger el derecho de todas las personas a estar informadas. Una democracia sana no se construye desde el silencio impuesto por el miedo, sino desde la posibilidad de hablar, cuestionar y dialogar libremente. México necesita instituciones capaces de garantizar justicia para los periodistas agredidos, pero también ciudadanos conscientes de que la libertad de expresión no puede defenderse sólo cuando favorece nuestras propias posturas. Porque cuando callan los periodistas, poco a poco termina callándose también la sociedad.