El más reciente análisis del IMCO, titulado “Hacienda en la mira al cierre de 2025”, pone sobre la mesa un dato que no debería pasar desapercibido: no se logró la meta de consolidación fiscal. El déficit, en su expresión más amplia —los Requerimientos Financieros del Sector Público—, cerró en 4.8% del PIB, por encima del 4.3% previsto en el Paquete Económico. Aunque el balance primario mejoró respecto a 2024, la corrección fue insuficiente para alcanzar el superávit prometido. Además, el Saldo Histórico de los requerimientos financieros alcanzó 53.1% del PIB. Son cifras técnicas, sí, pero detrás de ellas hay decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas.

Cuando el déficit es mayor al previsto, el gobierno tiene menos margen para invertir y más presión para financiar su gasto. El propio reporte señala que en 2025, 58.6% del gasto neto se destinó a rubros ineludibles como pensiones, participaciones y el costo financiero de la deuda, dejando solo 41.4% para funciones sustantivas como educación, salud e inversión pública. Esto no es un asunto abstracto: significa hospitales que tardan en equiparse, carreteras que no se concluyen, escuelas que no se modernizan. El presupuesto, como el ingreso familiar, tiene límites; y cuando el servicio de la deuda crece, las opciones se reducen.

A ello se suma que la inversión física del sector público registró su nivel más bajo desde 2021, con una caída real de 28.4%. La inversión es la semilla del crecimiento futuro: genera empleos, mejora infraestructura y fortalece la competitividad. Sin ella, el país corre el riesgo de estancarse. Y en 2025 el crecimiento económico fue apenas de 0.7%, lo que limita todavía más la capacidad del Estado para fortalecer los motores de expansión de mediano plazo. No se trata de alarmar, sino de reconocer que la combinación de bajo crecimiento y menor inversión complica el panorama.

Es cierto que los ingresos presupuestarios crecieron 5.8% en términos reales, pero el propio análisis advierte que este resultado estuvo vinculado a una intensificación de prácticas recaudatorias en un contexto de desaceleración. Esto abre preguntas legítimas sobre su sostenibilidad. Cuando la economía no crece con fuerza, exprimir más a quienes ya cumplen puede tener límites. Las finanzas públicas sanas no dependen solo de cobrar más, sino de crecer más y gastar mejor.

Definitivamente, amigo radioescucha, hablar de déficit, deuda o consolidación fiscal no es un ejercicio de especialistas alejados de la realidad. Es hablar del futuro de los empleos, de la calidad de los servicios públicos y de las oportunidades para nuestros hijos. El momento exige responsabilidad de quienes toman decisiones, pero también atención y participación ciudadana. Entender las cifras, exigir transparencia y evaluar el uso del gasto público es parte de una democracia madura. Las finanzas del país atraviesan un momento complejo; que no nos sea indiferente, porque en ellas se juega buena parte de nuestro bienestar colectivo.