El gobierno de EPN ha venido trabajando para transmitir en México y en el extranjero la idea de que su administración está operando para lograr el progreso del país, exponiendo como argumento el combate a la corrupción y a la impunidad, cuando más del 90% de los delitos no se castiga; donde se satanizan la mordida, que es práctica cotidiana, y la piratería que ha crecido en forma exponencial; donde se habla de la importancia de la educación, siendo un país de reprobados. Todo lo anterior nos coloca como una nación incongruente.

Resulta absurdo, por ejemplo, que mientras las empresas petroleras de todo el mundo se han visto obligadas a recortar miles de puestos debido a la caída de los petroprecios, Pemex no ha reportado recorte alguno. En México, el caso que más destaca es el de Dowell Schlumberger, empresa que es una de las principales contratistas de Petróleos Mexicanos, que sólo en enero, dio de baja a mil 200 trabajadores. Sin embargo, el gobierno, cuyas finanzas se están viendo seriamente afectadas con el acelerado decremento del precio del crudo a grado tal que habrá reducciones en el presupuesto, no es capaz de tomar medidas en Pemex acordes a la difícil situación, cuidando los intereses del sindicato, aunque se afecten los intereses del país.

Por su parte, el PAN formalizó la petición a la PGR para que se nombre a un fiscal especial que investigue la procedencia del patrimonio del presidente EPN y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, luego de cuestionar “el procedimiento ético del Poder Ejecutivo”, al darse a conocer la compra de casas del primer mandatario y del titular de las finanzas nacionales a empresarios que fueron beneficiados con contratos en los gobiernos del Estado de México y el federal. No obstante, el blanquiazul nunca cuestionó la adquisición del lujoso departamento de su entonces dirigente nacional, César Nava, ni señaló con dedo flamígero el escándalo de los “moches” en que incurrieron sus legisladores.

Otro ejemplo que refleja la incongruencia en la que suele incurrir nuestra clase política, pero a nivel local, es la conformación de la comisión para investigar el impacto de la deuda de Coahuila, integrada por 13 diputados del Congreso estatal, cuya secretaria, Verónica Martínez, también estuvo en la antepasada Legislatura, en la que se contrataron los pasivos de manera ilegal. La propuesta de crear esta comisión es obra de Luis Gurza Jáidar, expanista que se pasó a las filas del PRI y es diputado por el Partido Verde. ¿Cuáles serán los resultados? Habrá que verlos.

Es muy importante que a nivel nacional, los diputados hayan dado el paso para que, por fin, sea regulada la forma en que estados y municipios contratan deuda: en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó la reforma que sienta las bases para que el Congreso emita la legislación que controle los pasivos en las entidades, aunque a decir de analistas, es una medida –si es que se aprueba- que llega tarde porque la mayoría de los estados padece de un excesivo sobreendeudamiento. La deuda pública en 27 de las 32 entidades, entre ellas Coahuila, representa más del 100% del presupuesto que manejaron en 2014, a pesar de que en los últimos años, sobre todo, del gobierno calderonista, los estados recibieron de la Federación recursos sin precedentes.

Definitivamente amigo radioescucha, cuánta razón tiene quien dijo que “en lo único que somos congruentes los mexicanos es en nuestra incongruencia permanente”. Los ejemplos aquí citados son de la clase política gobernante; sin embargo, habrá que preguntarse quién del sector empresarial y de la sociedad civil en general es capaz de sentirse libre de culpa y lanzar la primera piedra de la congruencia entre lo que piensa, dice y hace. De ahí que ya debemos dejar de tratar de tapar el sol de la realidad con el dedo de la simulación y entender todos que hechos son amores… y no buenas razones.