Durante años, la venta de bebidas alcohólicas en la Comarca Lagunera ha sido regulada con criterios distintos según el municipio y el estado al que se pertenezca. Lo que en apariencia podría parecer un asunto menor o estrictamente administrativo, en la práctica ha generado efectos indeseables que impactan la convivencia, la seguridad y el orden público. La falta de reglas homogéneas ha propiciado que habitantes de un municipio se trasladen a otro para continuar consumiendo alcohol, alentando una movilidad nocturna riesgosa que incrementa la probabilidad de accidentes viales y conflictos. Además, esta disparidad normativa ha complicado la labor de las corporaciones de seguridad y ha enviado mensajes contradictorios a la ciudadanía sobre los límites y responsabilidades en el espacio metropolitano que, en los hechos, funciona como una sola región.
A esta problemática se suma otro efecto que pocas veces se discute abiertamente: la apertura de espacios para el mercado negro. Cuando la regulación es fragmentada y desigual, se generan incentivos para prácticas ilegales que buscan satisfacer una demanda que no desaparece, sino que se desplaza. La venta clandestina de alcohol no solo evade controles fiscales y sanitarios, sino que se convierte en un factor adicional de riesgo para la población. En ese contexto, la dispersión de horarios no ha contribuido a reducir el consumo problemático, sino a desordenarlo. El resultado ha sido un entorno menos predecible, más difícil de supervisar y con mayores costos en términos de seguridad pública, atención médica y desgaste institucional.
Por ello, no sorprende que desde hace tiempo organizaciones ciudadanas, consejos empresariales y especialistas en seguridad hayan insistido en la necesidad de homologar los horarios de venta de bebidas alcohólicas como parte de una estrategia integral. No se trata de una postura moralista ni de una cruzada contra el consumo, sino de una medida de orden que permita reglas claras, parejas y aplicables para todos. La evidencia de accidentes graves, muchos de ellos con consecuencias fatales, así como los frecuentes conflictos en retenes de alcoholímetro, muestran que el problema no es la existencia de controles, sino su falta de coherencia regional. En una zona metropolitana, la seguridad no puede pensarse en compartimentos aislados.
En ese sentido, resulta una buena noticia que finalmente se observe voluntad política para avanzar hacia la homologación de horarios en los municipios de La Laguna, con acuerdos que involucran tanto a los gobiernos de Coahuila y Durango como a las autoridades municipales. Que este tema se esté discutiendo en mesas de seguridad y con una visión metropolitana habla de un entendimiento más maduro de los retos comunes. Es previsible que una parte de la ciudadanía se oponga, apelando a la libertad individual o a las afectaciones económicas de corto plazo. Sin embargo, gobernar también implica tomar decisiones que, aunque impopulares para algunos, buscan un beneficio colectivo mayor y sostenido.
Definitivamente, amigo radioescucha, homologar los horarios de venta de alcohol no resolverá por sí solo los problemas de seguridad en La Laguna, pero sí representa un paso importante hacia un entorno más ordenado y predecible. Las reglas claras, iguales para todos y aplicadas con rigor reducen la discrecionalidad, facilitan la vigilancia y envían un mensaje claro sobre la corresponsabilidad ciudadana. La experiencia reciente demuestra que la ausencia de criterios comunes tiene costos humanos y sociales demasiado altos. Apostar por una regulación homogénea es apostar por la prevención, por la coordinación institucional y por una convivencia más segura en una región que comparte dinámicas, riesgos y aspiraciones de futuro.