Carlos Rangel Gómez cumple su primer mes al frente de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, cargo al que llegó tras su paso por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Su principal misión, según lo encomendado por el fiscal estatal Federico Fernández Montañez, es mejorar la percepción ciudadana sobre la procuración de justicia. Y no es para menos: la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI coloca a los Ministerios Públicos y a las Fiscalías estatales entre las tres instituciones con menor confianza en el país.

Pero quizás el dato más alarmante sea la cifra negra. Según la misma encuesta, más del 91% de los delitos en México no se denuncian. ¿La razón? La mayoría de las víctimas considera que hacerlo es una pérdida de tiempo, mientras que otras temen represalias. Este es el desafío más grande que enfrenta la Fiscalía en la Laguna de Coahuila: reconstruir la confianza ciudadana. La lógica es clara: a mayor número de denuncias y mejor respuesta de las autoridades, menor será la percepción de impunidad y, con ello, se podrá reducir la delincuencia. Sin embargo, el reto es enorme.

Por ello, la proximidad con la ciudadanía debe ser una prioridad para la Fiscalía estatal y su Delegación en la Laguna. No se puede confiar en una autoridad que se muestra distante o, peor aún, indiferente. Lamentablemente, esta ha sido la norma en muchas gestiones anteriores, donde la opacidad y la burocracia han sido el pretexto para negar información a la ciudadanía. Se entiende que ciertas investigaciones requieren confidencialidad, pero una cosa es proteger el debido proceso y otra muy distinta es levantar muros que impidan a las víctimas conocer los avances en sus casos.

Otro aspecto urgente es la simplificación de trámites. El tiempo que una víctima de delito debe invertir en presentar una denuncia debe reducirse al mínimo. La propia ENVIPE señala que el 33% de quienes no denuncian lo hacen porque consideran el proceso demasiado complicado o tardado. Si ya existe la percepción de que acudir al Ministerio Público es una pérdida de tiempo, lo menos que pueden hacer las autoridades es agilizar los procedimientos y evitar procesos burocráticos innecesarios. En ese sentido, es positivo que el nuevo delegado cuente con una amplia trayectoria en Derechos Humanos, pues ello debería darle sensibilidad para evitar la revictimización de quienes denuncian. La Fiscalía no debe ser un lugar donde se trate a las víctimas como una carga adicional de trabajo, sino como una instancia que las escuche, las respalde y las guíe en la búsqueda de justicia.

Definitivamente, amigo radioescucha, la construcción de una región segura es un esfuerzo de todos los días y una responsabilidad compartida. Pero la carga más pesada recae en las autoridades. Por eso, es fundamental que cuenten con la formación técnica adecuada, pero sobre todo con la vocación de servicio. Se entiende que, por la naturaleza de su labor, los funcionarios encargados de la investigación y procuración de justicia deben actuar con firmeza. Pero eso no debe traducirse en un trato frío, inaccesible o burocrático. Si la Fiscalía de Coahuila realmente logra acercarse a la ciudadanía, generar confianza y reducir el número de delitos que quedan sin denunciar, entonces sí, se estará ganando la batalla contra la delincuencia en la Laguna de Coahuila. Porque la seguridad no se construye solo con patrullas y operativos, sino con instituciones en las que la gente confíe.