Torreón, Coahuila (13/10/2023).- Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, participó en Contextos para hablar del reporte ‘Hallazgos 2022: evaluación de la justicia penal’, donde se establece que hay 96.3 por ciento de impunidad en extorsión, homicidios, secuestros y feminicidios.
Señaló que la panorámica nacional refleja un Sistema de Justicia Penal colapsado, donde no solo se tiene una criminalidad creciente, sino que las autoridades no evolucionan con los fenómenos criminales, no tienen una mejor capacitación, no cuentan con personal suficiente ni con profesionales para realizar investigaciones, “la justicia se está volviendo una excepción”.
Respecto a por qué la sociedad ha permitido que se llegue a este punto y si se puede vivir así, comentó que precisamente esas cuestiones tendrían que estar en la discusión pública cotidiana y deberían ser motivo para buscar un cambio, ya que, efectivamente, no se puede seguir así, sobre todo, en un país que atraviesa por muchas crisis de violencia y de derechos humanos.
Entre los elementos que consideran se les debe de poner puntual atención, Chrístel Rosales habló del presupuesto, “en el Sistema de Justicia Penal se requiere incorporar innovaciones en las instituciones, mejorar las condiciones laborales del personal o, incluso, desplegar a personas para realizar una investigación de campo; y todo eso, exige tener ciertas condiciones mínimas presupuestales”. Apuntó que este sistema ha sido uno de los más golpeados:
Se le ha recortado casi el 50 por ciento solo de un año a otro, lo que impacta de manera distinta en las entidades federativas. También otras de las instituciones más golpeadas con estos recortes, son las de los poderes judiciales; les estamos pidiendo que hagan más con prácticamente nada».
Otro punto que hay que poner sobre la mesa, dijo, tiene que ver con las fiscalías, ya que con los recursos que manejan actualmente, no tienen la capacidad para dar la misma respuesta a los casos que conocen. Detalló que varias fiscalía del país, entre ellas la de Coahuila, han adoptado políticas de persecución penal, que es un instrumento donde se definen las prioridades y se dice qué tipo de casos tienen que recibir una atención con todos los recursos de investigación y cuáles otros casos, como los menores, pueden ser resueltos por otras vías; “es urgente que no solo se generen este tipo de instrumentos de política pública, sino que, además, las fiscalías los adopten en su operación cotidiana”.
Lo invitamos a conocer más tema, escuchando la entrevista completa con Chrístel Rosales de México Evalúa…
