El diputado local Gerardo Aguado presentó un exhorto para que la Fiscalía General de la República coordine con las fiscalías estatales una estrategia nacional contra un delito que, en muchos casos, ya es cometido por grupos organizados. Hablamos de bandas que identifican viviendas abandonadas, propiedades intestadas, terrenos en litigio o inmuebles cuyos dueños viven lejos, para ocuparlos y después intentar dar apariencia legal al despojo mediante documentos falsos, engaños o procedimientos judiciales simulados.
De acuerdo con las cifras citadas en la propuesta, en México se abren cerca de 30 mil carpetas de investigación por despojo cada año, es decir, más de 80 denuncias todos los días; además, más de la mitad de los casos se concentra en apenas seis entidades. Pero las estadísticas no alcanzan a expresar el drama de quien descubre que la casa, el terreno o el departamento construido durante años de trabajo ha sido ocupado por extraños que, para colmo, llegan provistos de contratos, escrituras, testamentos o supuestos derechos de posesión.
Por eso resulta acertado que el exhorto ponga el acento en la coordinación institucional. Las fiscalías necesitan compartir información, experiencias y mejores prácticas para identificar patrones, seguir la pista de redes que operan en distintas entidades y detectar la falsificación de documentos o la simulación de juicios. También deben cerrarse aquellos espacios legales que terminan favoreciendo al despojador, especialmente cuando una ocupación irregular pretende consolidarse con el paso del tiempo o mediante documentos y pagos apócrifos. La propiedad privada requiere certeza jurídica, pero esa certeza pierde sentido cuando el sistema termina beneficiando a quien utiliza precisamente las formalidades legales para encubrir un fraude.
Hay, además, un elemento fundamental que no puede quedar relegado: la restitución del inmueble. Muchas víctimas enfrentan años de desgaste económico, emocional y jurídico aun cuando cuentan con escrituras públicas y registros catastrales que acreditan sus derechos. De poco sirve detener eventualmente a los responsables si la familia afectada continúa privada durante años de aquello que legítimamente le pertenece. Combatir este delito debe significar investigar y sancionar, pero también diseñar procedimientos ágiles, con suficientes garantías, que permitan devolver las propiedades a sus verdaderos dueños en plazos razonables.
Definitivamente, amigo radioescucha, el patrimonio familiar merece una protección mucho más firme frente a quienes han convertido el despojo en un negocio. Una vivienda representa ahorro, esfuerzo, seguridad y, muchas veces, la herencia que una generación deja a la siguiente. Por eso, la propuesta planteada desde Coahuila merece ser atendida por las autoridades federales y estatales. Coordinar fiscalías, cerrar espacios para el fraude, combatir posibles complicidades y acelerar la restitución no son concesiones extraordinarias, sino obligaciones elementales del Estado.