La excomisionada jurídica de la Cofetel, Comisión Federal de Telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez, ha venido denunciando por distintos medios lo que, a su juicio, son decisiones mal intencionadas del gobierno federal que, por un lado, benefician directamente al partido en el poder y, por el otro, constituyen un gasto inútil en un país con las condiciones de pobreza de las mayorías. Una de esas decisiones, altamente polémica, es la entrega de televisores digitales que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Desde la perspectiva meramente económica, el reparto de aparatos de televisión significa un desperdicio de recursos pues, alega la especialista, la compra de equipos decodificadores para las televisiones analógicas, que hubiera prolongado la vida útil de las mismas, le habría representado al erario un costo aproximado de 13 mil millones de pesos. No obstante, a la fecha, la compra de pantallas para repartir ha costado, hasta el momento 31 mil millones de pesos, es decir, casi tres veces más, y, como advierte Clara Luz Álvarez, todavía puede aumentar esa cifra.
Una de las vías por las que ocurrirá dicho incremento tiene que ver con el manejo de la basura electrónica que está generando el recambio tecnológico, pues muchos de los televisores analógicos están siendo desechados, con el impacto ambiental que tal medida trae consigo, mismo que nunca se cuantificó en el gobierno federal. También por ello hubiera sido mejor preservar los aparatos y complementarlos con el decodificador de señal. Es importante recordar aquí, que según el más reciente estudio, en nuestro país sólo el 10% de la basura electrónica recibe el tratamiento adecuado, en tanto que 50% va a parar a los basureros sin control alguno y el resto permanece, peligrosamente para la salud, en los hogares.
Una fuga mayor de recursos, asegura Clara Luz Álvarez, vendrá de la imposibilidad de acceder a la internet, de los aparatos que se están entregando, lo que constituye un incumplimiento a la promesa hecha por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que había ofrecido el reparto de televisores inteligentes, además de que abre la puerta para que el gobierno federal establezca un programa de entrega de adaptadores para la recepción de la red de redes.
La pregunta obvia es: ¿por qué a pesar de todos esos inconvenientes el gobierno federal decidió repartir los televisores digitales? Para la experta en telecomunicaciones no hay una respuesta que no apunte al beneficio electorero que trae consigo el que ahora, en lugar de despensas, las autoridades entreguen aparatos de televisión digital que, incluso, vienen convenientemente empacados en cajas que muestran el logotipo de “Mover a México”, lema que además de identificar al actual gobierno, evoca en su diseño y colores al del partido en el poder.
Clara Luz Álvarez, desdeña los argumentos ofrecidos por las autoridades, en el sentido de que, de no hacerse ahora la entrega de los aparatos, se estaría desobedeciendo lo estipulado en un artículo transitorio de la Ley de Telecomunicaciones que fija como fecha límite para el apagón analógico el 31 de diciembre de este año, pues dice, no sería la primera vez que se incumple con una fecha y una dilación de tres o cuatro meses no constituye ninguna afectación real al país ni tampoco para las nuevas cadenas televisivas que se están licitando.
Definitivamente amigo radioescucha, la polémica entrega de televisores digitales pone sobre la mesa la discusión de cómo se deja de lado el bienestar general para favorecer los intereses de unas minorías. De ahí la importancia de que la comunidad pensante y actuante exija que las decisiones que tome la clase gobernante estén encaminadas a velar por el bien común, porque nada es más valioso que el país y su futuro, con el que no se debería jugar.