Lo ocurrido ayer en la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, obliga a una reflexión serena, responsable y, sobre todo, orientada hacia el futuro. Dos exalumnos ingresaron al plantel y agredieron a integrantes de la comunidad educativa; el saldo incluyó la muerte de la subdirectora y cuatro personas lesionadas. Frente a una tragedia semejante, resulta comprensible buscar explicaciones y responsabilidades. Pero también es indispensable preguntarnos qué debemos hacer, como comunidad, para reducir al máximo la posibilidad de que algo así vuelva a ocurrir.

Hay medidas inmediatas que naturalmente tendrán que revisarse. Los controles de acceso a las escuelas, la identificación de quienes ingresan, la vigilancia en entradas y salidas y los protocolos para recibir a personas ajenas al plantel deben fortalecerse. En este caso, la Fiscalía informó que los agresores entraron por la puerta principal porque parecían alumnos de la institución. Después de los hechos, también se ha planteado revisar accesos, vigilancia y otros mecanismos preventivos en los centros escolares. No se trata de convertir las escuelas en fortalezas, sino de reconocer que la seguridad exige procedimientos claros, conocidos y cumplidos cotidianamente.

Pero sería un error creer que unas puertas más vigiladas resolverán por sí mismas el problema. La prevención también requiere comunidades escolares capaces de identificar conflictos, amenazas, conductas preocupantes y situaciones que necesitan atención antes de que escalen. Esto supone canales confiables para que estudiantes, maestros y familias puedan advertir situaciones de riesgo; capacitación para saber cómo actuar; coordinación entre autoridades educativas y de seguridad; y acompañamiento profesional cuando sea necesario.

Y todavía debemos mirar más allá de las escuelas. La seguridad no comienza al cruzar la puerta de un plantel ni termina cuando suena el timbre de salida. Se construye en las familias, en las colonias, en las comunidades, en los espacios de trabajo, en las redes sociales y en nuestra manera cotidiana de relacionarnos. Autoridades, docentes y cuerpos de seguridad tienen obligaciones específicas, pero la convivencia pacífica requiere también ciudadanos atentos a su entorno, capaces de comunicar oportunamente aquello que preocupa y dispuestos a intervenir institucionalmente antes de que un conflicto se transforme en violencia.

Definitivamente, amigo radioescucha, acontecimientos dolorosos como el ocurrido en La Unión no deben conducirnos únicamente al miedo, sino a la responsabilidad. La Comarca Lagunera ha aprendido durante años que la paz no es una condición que pueda darse por conquistada para siempre. Se construye todos los días, en cada escuela, hogar, empresa, calle y espacio público; con prevención, reglas, atención, comunicación y participación. Hoy corresponde acompañar a quienes han sido afectados, pero también aprender de lo sucedido, para que nunca más vuelva a pasar.