“México tiene ahora una oportunidad única de elevar significativamente sus tasas de crecimiento económico y asegurar una convergencia de su nivel de vida con el de los países avanzados, reducir la informalidad elevada en el mercado laboral y disminuir los altos niveles de pobreza y desigualdad del ingreso y las oportunidades”. ¿Cuántos mexicanos estarán convencidos de que este promisorio pronóstico que se avizora en el Estudio Económico de México 2015, elaborado por la OCDE, es realizable, sobre todo cuando advierte de las condiciones que se deben cumplir para lograrlo?

Porque para que las reformas estructurales en materia laboral, educativa, energética, tributaria, financiera y de telecomunicaciones tengan un impacto económico importante, recomienda la OCDE: “deberán ser acompañadas por acciones decisivas para mejorar el funcionamiento de las instituciones judiciales, fortalecer el Estado de Derecho, atender los problemas de seguridad y combatir la corrupción”. Ni más ni menos. ¿Está preparado nuestro sistema político gubernamental para enfrentar estos retos que han sido asignaturas pendientes ancestrales?

Existen además riesgos que escapan del control nacional porque derivan de factores externos, como la disminución de los precios del petróleo y el endurecimiento de la política monetaria norteamericana, por lo que será necesario, además, emprender acciones adicionales para reducir la alta dependencia de los ingresos petroleros y mantener las finanzas públicas sobre una base sólida, máxime que ya se habla de la posibilidad de México, tercer exportador de petróleo a la Unión Americana, empiece a importar crudo ligero de esa nación.

Por su parte, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en el marco de la presentación del Estudio Económico, advirtió que antes de elevar el endeudamiento o los impuestos, el gobierno recurrirá al recorte del gasto público ante una eventual caída de los ingresos por el desplome de los precios del petróleo. La decisión es dar prioridad a la estabilidad macroeconómica y al manejo prudente de las finanzas públicas. Y aquí es donde se pone a prueba la teoría y práctica de la austeridad y la equidad porque, por ejemplo, el recorte del gasto, no tendrá efecto sobre el presupuesto asignado a los partidos políticos.

Especialistas en finanzas públicas consideran que un posible recorte en el gasto, como el que previó Hacienda, se daría a partir del segundo semestre del año, nunca en el primero, ya que habrá elecciones y las arcas serán beneficiadas con más recaudación derivada de la reforma fiscal, pero después la «tijera» podría alcanzar a programas de inversión. Ahí se van viendo cuáles son las prioridades de la clase política cuando, por ejemplo, en plan de austeridad, se recortó 40% el presupuesto federal para programas culturales, pero los partidos recibieron un aumento, sin contar la inflación, de 48% con relación a la elección intermedia de 2009: 3 mil 631 millones de pesos, contra 5 mil 300 millones de 2015, equivalente a dos veces y medio el presupuesto anual de Torreón.

Definitivamente amigo radioescucha, la teoría del Estudio Económico de México 2015 choca con la práctica cotidiana del quehacer gubernamental de este país, donde sus prioridades no son las de la OCDE: elevar significativamente las tasas de crecimiento económico y asegurar un nivel de vida como el de los países avanzados, reducir la informalidad laboral y disminuir los altos niveles de pobreza y desigualdad, lo que se ve muy difícil, porque para ello, se requieren acciones para profesionalizar las instituciones judiciales, fortalecer el Estado de Derecho, atender los problemas de seguridad y combatir la corrupción, que podrían antojarse muy difíciles, aunque no imposibles, si hay unidad nacional, sinergia gobierno-sociedad y verdadero amor a México.