Las necesidades reales de justicia

 

La presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó datos de encuestas realizadas por De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena, revelando que 7 de cada 10 mexicanos están a favor de transformar el Poder Judicial. La elección directa de ministros, magistrados y jueces por voto ciudadano cuenta con un respaldo significativo, y la creación de un ente independiente para supervisar y castigar la corrupción judicial es también ampliamente apoyada.

Sin lugar a duda, el modo actual de selección de ministros, jueces y magistrados es controvertido y permite que, como aconteció con la ministra Lenia Batres, haya evidencias de imposición desde el Poder Ejecutivo. Es también claro que el sistema vigente revela falta de autonomía y transparencia. Sin embargo, la propuesta de la elección popular de las personas a ocupar estos cargos tampoco es la solución.

No es de extrañar que los grupos de poder fácticos vean con buenos ojos la elección popular de jueces dado que les permitiría influir aún más en su designación. ¿Acaso no es claro que serán los partidos políticos los que se encargarían de seleccionar los candidatos? Asimismo, abriría aún más las puertas a la influencia del crimen organizado en algunas localidades, replicando los problemas ya existentes en muchos municipios.

Por otro lado, es claro que la elección popular no garantiza la erradicación de la corrupción. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, ambos elegidos por voto, están exentos de deshonestidad. De hecho, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI de 2023 indica que la población tiene una percepción de confianza menor en los partidos y en las cámaras de diputados y senadores que de los jueces y magistrados. Por tanto, la elección popular no solo no arreglaría el problema, sino que podría incluso agravarlo.

Definitivamente amigo radioescucha, es cierto que es necesario reformar el Poder Judicial, pero esto es un proceso que debe hacerse con cautela, moderación y prudencia. La euforia postelectoral no debe precipitar las decisiones. Una participación popular amplia y un diálogo social inclusivo son esenciales para garantizar que la reforma refleje las necesidades reales de la justicia en México y no las conveniencias mezquinas del grupo en el poder.



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