La reforma a la Ley de Amparo continúa siendo motivo de polémica nacional. Aunque la Cámara de Diputados ha decidido eliminar el artículo transitorio que daba carácter retroactivo a la norma —una medida que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido como contraria a la Constitución—, el debate de fondo sigue abierto. La retroactividad era, en efecto, un exceso, pues ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de persona alguna, tal como establece el artículo 14 de la Carta Magna.
Sin embargo, la oposición sostiene que eliminar ese transitorio es apenas un gesto simbólico; incluso algunos señalan que la retroactividad fue utilizada como mero distractor, pues, aseguran, el 99 por ciento del proyecto permanece intacto y que en su esencia limita el acceso de los ciudadanos al amparo, debilitando un instrumento fundamental para defenderse de abusos de autoridad. Expertos en derecho coinciden en que se trata de un retroceso histórico que vulnera tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum y su bancada defienden que la reforma busca evitar el uso indebido del amparo como herramienta para frenar la acción de la justicia. Argumentan que en muchos casos se ha convertido en un escudo para quienes buscan evadir responsabilidades legales o fiscales. No obstante, esa justificación no disipa las dudas sobre el riesgo de limitar el derecho de defensa ciudadana frente al poder del Estado, sobre todo, en un régimen que se encamina a la hegemonía.
El trasfondo político también es evidente. En el Senado nadie asume la autoría del polémico transitorio, y los dimes y diretes entre legisladores de Morena revelan tensiones internas y desorden legislativo. Mientras tanto, las comisiones de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados prevén realizar audiencias públicas para escuchar a especialistas, lo que podría abrir una oportunidad para corregir el rumbo antes de la votación definitiva.
Definitivamente, amigo radioescucha, más allá de tecnicismos jurídicos, lo que está en juego es la relación entre el ciudadano y el poder. El amparo ha sido históricamente el principal instrumento de protección frente a la arbitrariedad. Por eso, conviene estar atentos a lo que decidan nuestros legisladores y exigir que cualquier reforma fortalezca, y no debilite, los derechos de todos los mexicanos.