Sin duda, alguna responsabilidad tiene la ciudadanía cuando algo en el país, el estado o la región no funciona. Pero aceptar que todo el mal se debe a lo que han hecho o dejado de hacer los ciudadanos, es, a todas luces, inaceptable. Ni siquiera es posible suponer que la mayor parte de los yerros hayan tenido su origen en la sociedad, cuando quienes han tomado las decisiones importantes son quienes desde la función pública ejercen la potestad de hacerlo. Y es, precisamente aduciendo a esa enorme responsabilidad que implica gobernar, que quienes están en algún espacio de autoridad, en los tres poderes y niveles de gobierno, justifican sus jugosos ingresos.
Entonces ¿por qué, ahora, el discurso oficialista intenta, como se dice coloquialmente, “voltear la tortilla”, acusando a los ciudadanos que reclaman, de ser los culpables de la crisis de credibilidad institucional que atraviesa el país? Como señala Francisco Garfias en Excelsior, “lo que hoy fastidia a los mexicanos es el desastre moral que tiene a los políticos en el último escalón de la confianza. La continua aparición de escándalos ha convertido el combate a la corrupción en tema prioritario de la agenda nacional”.
¿En verdad creen los políticos que fueron los ciudadanos quienes ordenaron sacar millones de dólares para llevarlos a Suiza? ¿Fue bajo el consentimiento de la sociedad que el exgobernador de Oaxaca, José Murat, adquirió un lujoso condominio en Time Warner Center, en Nueva York, entre otras propiedades? Porque la campaña #EPNnoEstáSólo que comienza a difundirse en las redes, hace suponer que así es, y descarga toda la culpa en la ciudadanía. Además, pretende colocar como un mal el derecho de la ciudadanía a reclamar y a exigir de las autoridades un comportamiento digno, acorde a la tarea que se les ha encomendado a través del voto.
La campaña creada por militantes del PRI en el Estado de México, presenta como objetivo “defender al presidente”. Pero ¿es realmente EPN la víctima? También la sociedad civil organizada está siendo objeto de ataques. Luego del gigantesco despliegue que hicieron las OSC vinculadas en la Red por la Rendición de Cuentas para impulsar una Ley General de Transparencia de vanguardia, los legisladores, que antes se mostraron afables y atentos, hoy les cierran la puerta y negocian “en lo oscurito” una normativa a modo que, de aprobarse, significaría un retroceso de 15 años, como acusa Haydeé Pérez, directora de Fundar.
Y qué decir de los ataques abiertos contra el capítulo mexicano de Artículo 19. Al respecto Darío Ramírez, director del organismo para México y Centroamérica, escribió: “No se busca escandalizar ni lloriquear. No es mi caso ni el de críticos como Mauricio Merino, Jesús Silva-Herzog Márquez y muchos otros que critican la errática y mal lograda acción presidencial de poner a su amigo a investigarlo en vez de ejecutar acciones inequívocas de rendición de cuentas”. Lo que más preocupa de esta reacción de las autoridades es que se les olvidé que no vivimos bajo una dictadura, sino que, aunque onerosa y defectuosa, tenemos una democracia y, en ese modo de hacer política, la denuncia, el señalamiento, el reclamo y la crítica son formas de expresión válidas y necesarias.
Definitivamente amigo radioescucha, de todas las respuestas que pueden dar las autoridades ante la crisis de credibilidad que atraviesa el país, la peor es la de pretender victimizarse y caer en la tentación de utilizar el poder para silenciar a quien hace uso legítimo de su derecho a disentir; conforme avanza el sexenio, el autodenominado ‘Nuevo’ PRI se va diluyendo ante la ineficiencia, la corrupción e impunidad y ahora también el autoritarismo que comienza a hacer su aparición. Como lo señala Ana María Salazar en El Financiero, «ya sabemos que los políticos jurásicos portan camisas de todos los colores. Ningún partido se salva”. Lo positivo es que, frente a los políticos a la antigua, ya hay una nueva ciudadanía con una actitud diferente, proclive al bien de la nación.