Tras la aprobación de la reforma del Poder Judicial, el Congreso mexicano ahora busca transferir la Guardia Nacional a la Sedena, cumpliendo así el deseo del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Para lograrlo, deberán modificarse 12 artículos de la Constitución, con el objetivo de eliminar el control civil que la carta magna impone sobre esta institución. La situación ha reavivado el debate público sobre los pros y los contras de la militarización de la seguridad pública.
Quienes defienden la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena indican varios beneficios de esta medida. Primero, argumentan que los militares tienen mayor entrenamiento y equipamiento, lo que puede aumentar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Además, sugieren que la presencia militar también puede disuadir a los grupos criminales y reducir la violencia. Por último, las encuestas indican que la población tiene en general una buena percepción del profesionalismo y disciplina de las fuerzas militares, lo que podría fortalecer la legitimidad de las operaciones de seguridad pública.
Sin embargo, por otro lado se encuentra el riesgo del aumento de casos de violación de los derechos humanos. Ello porque los militares están entrenados para el combate, no para interactuar con civiles, lo que puede llevar a un uso excesivo de la fuerza. Además, la falta de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia dificulta la investigación y sanción de abusos. Por ello, la militarización podría perpetuar el ciclo de violencia, debilitar las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública y socavar la protección de los derechos humanos.
Ahora bien, estos argumentos ignoran que, desde la creación de la Guardia Nacional, México ha experimentado los años más violentos de su historia contemporánea. Los cárteles están presentes en todo el territorio y dominan al menos una tercera parte del país. Mientras tanto, la Guardia Nacional ha hecho poco para contrarrestar esta situación. En lo que sí ha sido muy eficaz es en reprimir caravanas de migrantes, lo que sugiere que su verdadera función no es el control de la criminalidad, sino el mantenimiento del orden público y la represión de manifestaciones.
Definitivamente amigo radioescucha, quizás por eso es el apuro de la reforma. La transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena podría estar motivada más por la necesidad de consolidar el control sobre la ciudadanía, que por una verdadera intención de combatir el crimen organizado. La discusión sobre los pros y los contras de la militarización en México sigue siendo un tema crucial que requiere un análisis profundo y equilibrado y que debe ir más allá de la superficie.