La llamada Ley Trasciende coloca sobre la mesa uno de esos asuntos en los que resulta difícil opinar desde la comodidad de las certezas. La iniciativa propone eliminar la prohibición de la eutanasia en la Ley General de Salud y permitirla, bajo determinadas condiciones, para personas adultas con enfermedades terminales o padecimientos crónico-degenerativos discapacitantes sin posibilidad de cura. No se trata de discutir sobre la muerte, sino sobre la autonomía, la dignidad, el sufrimiento y hasta dónde debe llegar la intervención del Estado cuando una persona enfrenta una agonía que considera intolerable.
En México, donde las convicciones religiosas tienen un peso indudable, habrá quienes rechacen la eutanasia por considerar que la vida no pertenece enteramente al individuo y que nadie debe decidir cuándo terminarla. Es una posición que merece respeto. Pero también merece ser escuchada la voz de quien padece una enfermedad incurable, soporta dolores severos, ha agotado alternativas terapéuticas y sabe que su situación sólo puede deteriorarse.
La propuesta exige mayoría de edad, capacidad mental, diagnóstico confirmado por dos médicos, información sobre alternativas terapéuticas y cuidados paliativos, manifestación libre de la voluntad ante notario y una ratificación posterior. Además, reconoce el derecho a revocar la decisión y contempla la objeción de conciencia del personal médico. Son previsiones indispensables, aunque una discusión responsable deberá preguntarse si son suficientes. Especial cuidado merecen los casos de enfermedades que deterioran las capacidades mentales y el uso de voluntades anticipadas, porque ahí los límites entre autonomía, representación y protección de personas vulnerables se vuelven todavía más complejos.
Hay otra condición que no debería perderse en el debate: nadie tendría que elegir morir porque el Estado fue incapaz de ayudarle a vivir sus últimos días dignamente. Antes de hablar de libertad para decidir sobre el final de la vida, México debe garantizar acceso efectivo a medicamentos, tratamientos contra el dolor, atención psicológica, acompañamiento familiar y cuidados paliativos de calidad. La propia iniciativa establece que la eutanasia no sustituye esos cuidados. Y es que una decisión sólo puede considerarse verdaderamente libre cuando existen alternativas reales y cuando ni la pobreza, ni el abandono, ni la insuficiencia del sistema sanitario empujan silenciosamente hacia ella.
Definitivamente, amigo radioescucha, pocas decisiones exigirán tanta prudencia a nuestros legisladores como ésta. Tendrán que escuchar a médicos, especialistas en bioética, juristas, pacientes, familias, organizaciones religiosas y defensores de derechos humanos. La Ley Trasciende ha abierto una conversación que México probablemente ya no puede evitar. Ojalá el Congreso tenga la sabiduría para comprender que legislar sobre la muerte digna significa, paradójicamente, proteger hasta el último instante la dignidad de la vida.