El dictamen aprobado en comisiones del Senado para una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un viraje profundo en el modelo de regulación de los medios en México. La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, propone la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que regulaba el espectro radioeléctrico, para transferir todas sus funciones al Poder Ejecutivo a través de una nueva Agencia de Transformación Digital. Esta agencia no solo otorgará y revocará concesiones, sino que además podrá supervisar contenidos, limitar publicidad y bloquear plataformas digitales si así lo considera pertinente.
El argumento oficial es la necesidad de proteger al país de la propaganda extranjera, como el reciente anuncio antinmigrante del gobierno estadounidense. Sin embargo, los cambios planteados van mucho más allá de ese caso. La iniciativa no solo restringe esos mensajes, sino que impone sanciones a medios nacionales, limita espacios publicitarios y consolida el poder de decisión sobre la narrativa pública en una sola instancia gubernamental. La oposición ha calificado la propuesta como una “Ley Censura” y ha advertido que se trata de un retroceso democrático de gran calado.
A la gravedad de este control centralizado se suma la exclusión de sectores históricamente marginados. Las radios indígenas y comunitarias, que han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus derechos en el espectro, no fueron convocadas al foro legislativo donde se discutió la ley. Las redes de comunicación de los pueblos originarios han denunciado que esta omisión viola el Convenio 169 de la OIT, pues se legisla sobre sus derechos sin consulta previa. Esto es especialmente preocupante en un año que el propio gobierno ha denominado como el “Año de la mujer indígena”.
Los partidos de oposición han denunciado que la ley busca subordinar el ecosistema de medios a la voluntad del Ejecutivo. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han advertido que, de aprobarse, la nueva legislación no solo generará competencia desleal en el sector, sino que además quebranta los principios de imparcialidad y autonomía que deben regir en una democracia. A decir del PRI, incluso se abre la puerta a que cualquier dependencia del Gobierno tenga su propia concesión para vender servicios de internet y telefonía, lo que implica distorsiones económicas y un mercado arbitrariamente intervenido.
Definitivamente, amigo radioescucha, Morena y sus aliados no pierden oportunidad para avanzar en su intención de lograr el control total. Esta vez, el pretexto fue impedir mensajes como el del gobierno estadounidense, pero la respuesta fue una ley que socava libertades, concentra poder y excluye a los más vulnerables. Queda claro que no se trata de proteger al país, sino de imponer una sola versión de la realidad: la que le conviene al gobierno. Y en democracia, cuando se quiere controlar la narrativa, se acaba controlando la libertad.