Claudia Martínez Martell

Torreón, Coahuila (20/06/2026).- Juan José Rojas, abogado litigante y catedrático, habló para Contextos sobre la declaración que hizo el titular del Infonavit en Palacio Nacional, de que el instituto, a través de un programa, permitirá a invasores rentar y comprar casas abandonadas.

Señaló que este plan, que además está respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es un pésimo mensaje para el Estado de Derecho, ya que es incentivar a los invasores a tener un crédito subsidiado y puedan adquirir un título de propiedad, cuando el Infonavit no es dueño de dichas viviendas, las que muy probablemente sí tengan un poseedor, “son créditos que, en su mayoría, pueden estar incumpliendo en el pago, pero eso no significa que no tengan titular, se conoce que uno de cada tres créditos tienen retrasos, por lo que pretenden regularizar una ilegalidad en lugar de invitar a los deudores a pagar los atrasos”.

Lo que se plantea, explicó, es totalmente arbitrario, porque, reiteró, posiblemente cuenten con un propietario. Detalló que para los que tienen retrasos en sus pagos, existe un camino jurídico, en el que el Estado debe de recuperar la vivienda con una sentencia judicial que establezca que el crédito hipotecario no se cumplió y por tanto, la casa va a soportar la deuda vencida.

Ante el abandono de casas, reconoció que en México existen fraccionamientos que por una mala planeación urbana, es decir, por no contar con servicios básicos, por no tener escuelas ni transporte público cerca, las personas optan por dejarlos, sin embargo, esto no implica darle oportunidad a que los invasores se regularicen en contra de quienes son propietarios.

Existen viviendas que pasan a ser propiedad de la Sociedad Hipotecaria Nacional, las que sí podría ser objeto de una negociación, “el estado tendría que presentar las denuncias correspondientes en contra de los que invades este tipo de propiedades y luego, a través de ciertos mecanismos o medios alternos, tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio”.

Este tipo de declaraciones, generan un gran impacto, ya que se estaría socavando la propiedad privada, la cual está protegida por la Constitución, lo que se traduciría en menor inversión de particulares y desconfianza de los mercados.

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